En una decisión unánime, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la destitución arbitraria de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ocurrida en 2012.

Las víctimas del caso "Gutiérrez Navas y otros versus Honduras" son José Francisco Ruiz Gaekel, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira. Esta sentencia generó diversas reacciones en el ámbito político y judicial hondureño.

El canciller Enrique Reina enfatizó la necesidad de trabajar para recuperar la dignidad del país frente a condenas internacionales como esta. Señaló que estas acciones, ocurridas durante los "13 años terribles del régimen del Partido Nacional y/o del golpismo", deben ser motivo de vergüenza y recordó la complicidad de muchos durante ese período.

"Estos actos si son vergonzosos, en ese momento muchos fueron cómplices silenciosos. Esto allanó el camino a la reelección de JOH (expresidente Juan Orlando Hernández, declarado culpable por tres cargos de narcotráfico y uso de armas en Estados Unidos)", externó el funcionario en su cuenta de X.

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VEA: CIDH responsabiliza a Honduras por destitución arbitraria de magistrados en 2012

Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, expresó la voluntad y compromiso del Poder Judicial hondureño para cumplir con la sentencia emitida por la CIDH. Destacó que este fallo representa un importante precedente para la función judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país.

"El Poder Judicial de Honduras, ante la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación a la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional en el año 2012, manifiesta su plena voluntad y compromiso para el cumplimiento de la misma, en lo que respecta a este Poder del Estado", publicó la funcionaria en su cuenta de X.

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Mientras, el exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana, indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público (MP) tienen la responsabilidad de llevar a cabo las acciones legales correspondientes, tanto en el ámbito civil como en el criminal, para identificar y responsabilizar a los perpetradores que dieron paso a la condena.

"De lo contrario, su inexcusable negligencia permitirá que siga vigente el perverso sistema de impunidad", expresó Orellana.

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Fallo de la CIDH contra Honduras

La sentencia de la CIDH responsabiliza a Honduras por diversas violaciones a los derechos humanos y garantías judiciales de los magistrados destituidos.

Entre las medidas de reparación ordenadas se encuentran el pago de una indemnización compensatoria a las víctimas, un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, y la adopción de medidas legislativas para ajustar el ordenamiento jurídico a estándares internacionales.

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