La Sección Contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales, adscrita a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), logró mediante procedimiento abreviado la condena de un cuarto implicado en el secuestro agravado de un enfermero ocurrido en 2024 en San Pedro Sula, Cortés.
Se trata de Carlos Alberto Castillo, quien aceptó su responsabilidad penal por el delito de secuestro agravado, sumándose así a otros tres integrantes de la estructura criminal que ya habían sido condenados en etapas anteriores del proceso judicial.
Secuestro de enfermero en terminal de buses
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso se relaciona con el secuestro de un enfermero registrado el 8 de septiembre de 2024, hecho que fue ejecutado con un plan previamente coordinado en la Gran Terminal Metropolitana de San Pedro Sula, donde la víctima fue interceptada sin levantar sospechas.
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Posteriormente, el profesional de la salud fue trasladado hasta una vivienda en la colonia Concepción de Choloma, donde permaneció en cautiverio mientras los captores establecían contacto con sus familiares.
Durante la retención, los secuestradores exigieron un rescate de 30 millones de lempiras a cambio de su liberación. Sin embargo, los parientes de la víctima lograron reunir y transferir 148,800 lempiras, sin que esto garantizara su libertad.
A pesar del pago, la víctima no fue liberada, lo que activó una operación conjunta entre fiscales de la FESCCO y agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes desplegaron acciones de inteligencia y allanamiento.
Rescate del enfermero y captura de implicados en secuestro
Tres días después del secuestro, las autoridades lograron el rescate del enfermero con vida, tras ubicar el inmueble donde era mantenido en cautiverio. La intervención también permitió la captura de varias personas vinculadas al hecho.
En el desarrollo del proceso judicial, otras implicadas como Lucía Yanora Núñez Núñez, María Teresa Castillo y Aneth Anahí Tróchez ya habían aceptado su participación mediante procedimiento abreviado, siendo condenadas por su rol dentro de la estructura criminal, atribuida a la pandilla 18, según las investigaciones.
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