El Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.
La iniciativa busca desarticular las redes operativas de la "criminalidad organizada" tanto en las calles como desde el interior de los centros penales.
La normativa representa un endurecimiento directo de la estrategia de seguridad pública del Estado hondureño ante la amenaza de las estructuras delictivas.
Con este instrumento legal, las autoridades pretenden neutralizar las actividades ilícitas que atentan contra la tranquilidad de la ciudadanía.
El nuevo marco normativo redefine el tratamiento a los reclusos de alta peligrosidad y fortalece el accionar del brazo armado del Estado. A continuación, se detallan las medidas clave que contempla esta legislación especial.
Aislamiento estricto y régimen penitenciario de máxima seguridad
La legislación dispone que los privados de libertad vinculados a agrupaciones criminales sean clasificados e ingresados a regímenes de "máxima seguridad".
Esta disposición contempla medidas de aislamiento individual estricto y monitoreo permanente para evitar la planificación de delitos.
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Asimismo, la normativa impone severas restricciones en el régimen de visitas y en el "intercambio de comunicaciones" de los reclusos. La meta prioritaria es cortar de manera definitiva la coordinación de extorsiones y otros ilícitos ejecutados desde las celdas.
Ampliación de facultades para la Policía Nacional y la PMOP
El decreto fortalece las competencias operativas de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Ambas instituciones contarán con el respaldo legal necesario para ejecutar intervenciones tácticas inmediatas en zonas de alta presencia delictiva.
Esta expansión de facultades busca agilizar las labores de inteligencia, captura y neutralización de las estructuras ilícitas.
Las fuerzas del orden podrán desplegar dispositivos de seguridad de mayor alcance en el territorio nacional.
Declaratoria de territorios de alto riesgo y control de circulación
Uno de los pilares de la ley es la creación de la figura de "Territorios de Alto Riesgo" en municipios con elevados índices de violencia. En estas circunscripciones se podrán establecer filtros de control de acceso y monitoreo continuo.
Además, las autoridades quedan habilitadas para aplicar "restricciones de circulación" temporales con el objetivo de proteger a la población.
Estas intervenciones focalizadas buscan recuperar la paz en las comunidades más golpeadas por la delincuencia.
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