El Congreso Nacional dio inicio a la discusión en tercer y último debate de las reformas integrales al subsector eléctrico. La sesión plenaria comenzó marcada por tensiones políticas y discrepancias entre las diferentes fuerzas legislativas.
La propuesta, denominada Ley de Justicia Energética, representa la apuesta central del Poder Ejecutivo para reestructurar el modelo energético de Honduras. El proyecto busca frenar el deterioro operativo y financiero acumulado durante años.
Las negociaciones se intensifican en el hemiciclo mientras se busca articular el respaldo necesario para la votación final. El destino de la estatal eléctrica depende del desenlace de esta jornada parlamentaria.
Modificaciones y Aspectos Claves del Dictamen
El Congreso Nacional aprobó un dictamen clave para blindar el carácter público de la ENEE y evitar su privatización, elevando la votación requerida a 94 votos.
La normativa busca frenar un colapso financiero urgente mediante el abordaje directo de la deuda acumulada de 120,000 millones de lempiras.
Para asegurar la competencia justa, se eliminan las exoneraciones fiscales de importación a generadores térmicos y renovables.
De tu interés: Reformas energéticas se traban por beneficios a renovables y amnistía a alcaldías
Además, se busca atraerte inversión nacional y extranjera para estabilizar el sistema, bajar tarifas a futuro y reducir el 38% de pérdidas técnicas y no técnicas.
En el ámbito social, la ley mantiene los subsidios focalizados para proteger a las familias de menores ingresos.
A la vez, otorga 3 meses de plazo para legalizar conexiones irregulares; vencido el tiempo, el Ministerio Público penalizará el fraude eléctrico.
Por último, se fijó un trato diferenciado para la deuda de las alcaldías. Las de bajos presupuestos tendrán facilidades especiales, mientras que las de mayores ingresos irán a negociación directa.
Enfrentamiento de posturas en la cámara legislativa
La bancada oficialista sostiene que la Ley de Justicia Energética es el único camino para salvar a la ENEE sin recurrir a la privatización.
Los promotores del proyecto aseguran que las medidas blindarán el patrimonio nacional y mejorarán las tarifas para los usuarios.
Por su parte, los bloques de oposición expresaron su rechazo a varios artículos del dictamen. Los diputados opositores condicionan su respaldo a la inclusión de garantías explícitas que impidan comprometer bienes o activos del Estado.
La cuenta de votos para la aprobación definitiva
La ratificación definitiva de las reformas al subsector eléctrico requiere una mayoría calificada de al menos 65 votos en el pleno. La cifra obliga a las fuerzas políticas a buscar consensos de última hora.
De no alcanzarse los acuerdos esta noche, la votación decisiva se trasladará a las subsiguientes sesiones de la semana. Los líderes de las distintas bancadas continúan en cabildeos para definir el futuro de la normativa.
Lee también: ENEE solo cubre 65 de cada 100 lempiras que gasta y su déficit sigue
