Tras un acalorado debate legislativo que se prolongó hasta altas horas de la noche del lunes 31 de agosto, el Congreso Nacional de Honduras aprobó con una mayoría de 78 votos las reformas estructurales al subsector eléctrico nacional, agrupadas bajo la denominada Ley de Justicia Energética. 50 diputados votaron en contra o se abstuvieron.
La sesión plenaria comenzó marcada por tensiones políticas y discrepancias entre las diferentes fuerzas legislativas, pero al final cinco bancadas consensuaron y votaron a favor, con la disidencia de algunos liberales y de Libertad y Refundación.
La propuesta, denominada Ley de Justicia Energética, representa la apuesta central del Poder Ejecutivo para reestructurar el modelo energético de Honduras. Según sus promotores, el proyecto busca frenar el deterioro operativo y financiero acumulado durante años.
Modificaciones y aspectos claves del dictamen
La ENEE dejará de funcionar como un monopolio integrado para convertirse en una empresa matriz estatal que controlará el 100% de las acciones de tres nuevas sociedades filiales dedicadas de forma independiente a la Generación, Transmisión y Distribución de energía.
El texto aprobado incorporó salvaguardas institucionales estrictas:
- Propiedad estatal perpetua: El Estado hondureño se mantiene como el único propietario y accionista del capital social de las subsidiarias, sin posibilidad alguna de emitir acciones a favor de inversionistas privados.
- Inalienabilidad de activos: Los terrenos, embalses y centrales hidroeléctricas de la ENEE se declaran formalmente como bienes de dominio público, lo que impide que sean vendidos, cedidos o utilizados como garantía de financiamientos.
- Mayoría calificada obligatoria: Cualquier intento de modificar la naturaleza pública de la empresa o de enajenar sus activos requerirá el voto favorable de al menos 96 diputados en el Congreso Nacional (las tres cuartas partes del pleno legislativo).
La normativa busca frenar un colapso financiero urgente mediante el abordaje directo de la deuda acumulada de 120,000 millones de lempiras.
Para asegurar la competencia justa, se eliminan las exoneraciones fiscales de importación a generadores térmicos y renovables.
De tu interés: Reformas energéticas se traban por beneficios a renovables y amnistía a alcaldías
Además, se busca atraerte inversión nacional y extranjera para estabilizar el sistema, bajar tarifas a futuro y reducir el 38% de pérdidas técnicas y no técnicas.
En el ámbito social, la ley mantiene los subsidios focalizados para proteger a las familias de menores ingresos.
A la vez, otorga 3 meses de plazo para legalizar conexiones irregulares; vencido el tiempo, el Ministerio Público penalizará el fraude eléctrico.
Por último, se fijó un trato diferenciado para la deuda de las alcaldías. Las de bajos presupuestos tendrán facilidades especiales, mientras que las de mayores ingresos irán a negociación directa.
Enfrentamiento de posturas en la cámara legislativa
La bancada oficialista sostiene que la Ley de Justicia Energética es el único camino para salvar a la ENEE sin recurrir a la privatización.
Los promotores del proyecto aseguran que las medidas blindarán el patrimonio nacional y mejorarán las tarifas para los usuarios.
Por su parte, los bloques de oposición expresaron su rechazo a varios artículos del dictamen.
Lee también: ENEE solo cubre 65 de cada 100 lempiras que gasta y su déficit sigue
