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El Congreso Nacional de Honduras aprobó este martes la Ley Especial para la Protección de Defensoras y Defensores del Ambiente, una normativa que busca salvaguardar la vida y el trabajo de quienes luchan por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales en el país.
Un marco legal para la protección ambiental
La ley tiene como objetivo principal establecer mecanismos de protección, prevención y respuesta ante los riesgos que enfrentan los defensores ambientales, además de reconocer su labor como una contribución fundamental a los derechos humanos y la sostenibilidad ecológica.
El decreto aprobado reforma la Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (Decreto Legislativo 34-2015), incorporando a los defensores del medio ambiente dentro de la normativa vigente. Esto implica que estos activistas podrán acceder a medidas de protección en caso de amenazas, persecución o atentados contra su integridad.
Principales reformas y alcances de la ley
Entre los cambios aprobados en la legislación destacan:
🔹 Reforma del nombre de la ley, que ahora se denominará:"Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales, Operadores de Justicia y Defensores Ambientales".
🔹 Modificación de artículos clave (2, 5, 17, 19 y 62) y adición del artículo 15-A, con el fin de garantizar una respuesta más efectiva ante las agresiones sufridas por los activistas ambientales.
🔹 Institucionalización del 24 de enero como el "Día del Defensor de los Bienes Naturales y Comunes de Honduras", en honor a la memoria del ambientalista Juan Antonio López, asesinado por su lucha en defensa del territorio y los recursos naturales. Esta conmemoración será una fiesta nacional, aunque sin suspensión de labores.
Cabe recordar que el país ha sido señalado en múltiples informes internacionales como uno de los lugares más peligrosos para los defensores de la naturaleza, con numerosos casos de asesinatos, amenazas y judicialización de líderes comunitarios que luchan contra la explotación ilegal de los recursos naturales.
La nueva ley entrará en vigor a partir de su publicación en el diario oficial “La Gaceta”, lo que marcará el inicio de su aplicación por parte de las instituciones competentes.