Las ayudas sociales del Congreso Nacional fueron reactivadas desde mayo con un monto de 100,000 lempiras, bajo un nuevo mecanismo que, según las autoridades legislativas, busca garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que se creará una nueva Unidad de Ayudas Sociales, la cual será regulada mediante una resolución de la junta directiva.
"Vamos a crear una Unidad de Ayudas Sociales nueva en el Congreso, se va a aprobar una resolución de junta directiva y se va a transparentar esas ayudas que se van a dar", expresó Zambrano.
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El titular del Legislativo aseguró que, a diferencia de años anteriores, los diputados únicamente fungirán como gestores de las solicitudes y no recibirán ni administrarán el dinero destinado a los beneficiarios.
"Por más de cuarenta años se había manejado de manera discrecional. Hoy en el Congreso Nacional se va a iniciar este mecanismo de ayudas sociales para que, a través de las ayudas sociales, el diputado como gestor, sin tocar dinero, las ayudas lleguen a las comunidades", agregó.
Reglamento para regular las ayudas
Como parte del nuevo esquema, el Congreso Nacional trabajó junto al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en la elaboración de un reglamento interno que establecerá mecanismos de control, criterios de entrega y procesos de rendición de cuentas sobre el uso de los fondos.
De acuerdo con lo informado, diputados de las bancadas del Partido Nacional y Partido Liberal han accedido a este mecanismo de ayudas sociales.
Pese a los cambios anunciados, el analista Henry Salinas consideró que será indispensable que exista una rendición de cuentas pública para que la población conozca cómo se utilizan los recursos.
A su criterio, la transparencia deberá ir más allá de la creación de un reglamento y traducirse en información accesible sobre los beneficiarios, los proyectos financiados y la ejecución de los fondos.
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¿Qué son los fondos o ayudas sociales?
El Fondo Social del Congreso Nacional es un mecanismo mediante el cual se asignan recursos para financiar proyectos y ayudas en las comunidades a través de los diputados.
No obstante, durante años este sistema ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, al ser señalado como una posible puerta a la corrupción y al clientelismo político debido al manejo discrecional de recursos millonarios y la limitada fiscalización.
Las ayudas sociales también han sido duramente criticadas por la falta de transparencia que ha rodeado su ejecución, ya que en distintas ocasiones se han denunciado presuntos casos de corrupción y la ausencia de registros públicos que permitan conocer el destino final del dinero.
