En ese sentido, la titular de la CSJ dijo que el juez ejecutor propondrá recomendaciones para garantizar la seguridad de las privadas de libertad y el resguardo de sus vidas e integridad.

Asimismo, podrá ordenar los correctivos para restituir a las reclusas en el goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, indicó Ráquel Obando.

"Que dentro de nuestras facultades y competencias, se ha indicado de oficio un Habeas Corpus correctivo a los efectos de que a través  de nombramiento de un juez ejecutor se obtenga la información de los hechos acontecidos", manifestó la presidenta del Poder Judicial.

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La también profesional del Derecho explicó que, se aunará esfuerzos con la defensa pública y Juzgados de Ejecución- Esto, con el fin de verificar la concurrencia de beneficios de preliberación para aquellas personas privadas de la libertad que puedan optar a los mismos.

Entre tanto, para asegurar la asistencia legal y procesal de las reclusas, el Poder Judicial programará los turnos correspondientes en los diferentes Tribunales Penales a fin de garantizar el ejercicio pronto y oportuno de las defensas necesarias, durante el período de vacaciones que comprende del 3 al 19 de julio del año en curso.

Finalmente, el Poder Judicial lamentó los hechos acontecidos esta mañana, y reiteró su firme compromiso de luchar en pro de la defensa y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

La masacre en PNFAS

Al menos 41 personas fallecieron y otras siete resultaron heridas en una reyerta y un incendio registrados en un módulo de la PNFAS.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó a periodistas que "41 reclusas han fallecido por el momento, la mayoría están calcinadas", pero la cifra final se conocerá cuando concluya el levantamiento de los cadáveres.

Sin embargo, una fuente en condición de anonimato confió a Tunota.com que el número de víctimas mortales subió a 51 a eso de las 9:00 de la noche del martes 20 de junio.

Las autoridades hondureñas anunciaron el pasado 18 de abril un conjunto de medidas para poner orden en las cárceles del país que implican el bloqueo de llamadas de móviles, un desarme real de los presos y la clasificación de los reos por peligrosidad.

Desde abril, una decena de tiroteos o enfrentamientos se han registrado en las cárceles de Honduras, donde impera la sobrepoblación y el hacinamiento; la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras para el alojamiento de los reclusos, y las condiciones de higiene y salubridad son deplorables.

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