El caso DAET dio un nuevo giro en Honduras y el juez que ordenó el sobreseimiento definitivo de tres agentes policiales enfrenta una investigación por la resolución que permitió su liberación.
El Ministerio Público inició diligencias para examinar la actuación del juez Marco Antonio Velasco Mejía.
Según la Fiscalía, el impartidor de justicia anuló las pruebas que se presentaron contra los tres integrantes de la DAET.
La controversia comenzó cuando el funcionario judicial consideró que las autoridades ejecutaron un allanamiento fuera del horario establecido por la ley.
Esa decisión dejó sin efecto evidencia que el Ministerio Público considera fundamental para sostener el proceso contra los agentes.
Ahora, la investigación alcanza al funcionario que resolvió el expediente, mientras continúa la controversia sobre la legalidad del procedimiento policial.
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Caso DAET: el informe que puede llevar al juez ante la justicia
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) elaboró un informe sobre el procedimiento y los argumentos que utilizó Velasco Mejía para favorecer a los policías.
La semana pasada, el documento llegó a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública.
Esta dependencia deberá analizar los hallazgos y determinar si existen elementos para iniciar un proceso penal contra el funcionario judicial.
Velasco Mejía ejerce como juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en San Pedro Sula.
Los tres policías que recuperaron su libertad
El caso DAET involucra a los agentes Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Franklin Ismael Gómez Bautista y Deyvin Nayin Licona Santos.
El Ministerio Público los acusó de tráfico de drogas agravado tras una investigación desarrollada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
Las diligencias llevaron a las autoridades hasta una vivienda de la residencial Villas de El Merendón, en San Pedro Sula, el 20 de octubre de 2026.
Según la investigación fiscal, los policías presuntamente se apropiaban de sustancias decomisadas a estructuras delictivas y las almacenaban en el inmueble.
La Fiscalía también investiga el supuesto uso de esas sustancias para actividades ilícitas, incluida la posible implantación de pruebas contra detenidos.
Sin embargo, el 28 de octubre, el juez Velasco Mejía dictó sobreseimiento definitivo a favor de los tres agentes.
Las 24 pruebas que el juez dejó fuera del proceso
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó 24 medios de prueba y tres testigos para respaldar las acusaciones.
Entre los indicios obtenidos durante el allanamiento figuraban:
- 67 envoltorios de cocaína.
- 162 envoltorios de crack.
- 132 envoltorios de marihuana y una bolsa adicional.
- 178 proyectiles sin percutir.
- Indumentaria de antiguas unidades policiales.
La investigación también incluyó dictámenes periciales y otros elementos recopilados por los equipos fiscales.
No obstante, el juez declaró ilegal el allanamiento y anuló las pruebas obtenidas durante esa diligencia.
Su resolución permitió que los tres agentes recuperaran la libertad.
La disputa por las horas del allanamiento
Uno de los puntos centrales del caso DAET es la diferencia entre el horario que documentó la Fiscalía y el momento en que los investigadores ingresaron a la vivienda.
El Ministerio Público sostiene que las autoridades llegaron al inmueble a las 5:30 de la tarde, dentro del horario legal.
La defensa argumentó que el ingreso ocurrió después de las 7:00 de la noche. El juez acogió ese argumento y determinó que el allanamiento incumplió las disposiciones legales.
La Fiscalía rechazó esa interpretación y presentó un recurso de apelación para que una instancia superior revise la resolución.
Además, denunció que durante el operativo algunas personas obstaculizaron el ingreso de los investigadores.
Según la versión fiscal, los responsables desconectaron el suministro eléctrico y obligaron a buscar asistencia técnica para continuar la diligencia.
El Ministerio Público también señaló que agentes policiales llegaron al lugar e intimidaron al personal encargado del allanamiento.
Dos investigaciones sobre la actuación del juez
La investigación del Ministerio Público no constituye el único procedimiento abierto contra Velasco Mejía.
El 29 de octubre, apenas un día después de la liberación de los policías, la Supervisión General del Poder Judicial inició una investigación administrativa.
La institución busca establecer si el juez cometió irregularidades durante el proceso o si existieron intereses particulares relacionados con su resolución.
Los investigadores también examinan posibles vínculos con los imputados, sus representantes legales o terceras personas.
Una vez concluida la investigación administrativa, el informe llegará a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Si los investigadores encuentran faltas administrativas, el funcionario podría enfrentar sanciones internas, incluida una suspensión.
Por separado, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública analiza si corresponde emprender acciones penales.
La decisión que queda en manos de la Fiscalía
El caso DAET mantiene abiertos dos frentes: la apelación contra el sobreseimiento de los policías y las investigaciones sobre la actuación del juez.
La Corte de Apelaciones de lo Penal deberá examinar los argumentos que presentó el Ministerio Público contra la anulación del allanamiento.
Mientras tanto, la Fiscalía anticorrupción analiza el informe que recibió sobre Velasco Mejía para determinar si procede una acción penal.
La misma resolución que devolvió la libertad a tres agentes policiales es ahora el centro de las investigaciones sobre el juez que la dictó.
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