El reciente allanamiento a una casa de seguridad en una zona residencial de San Pedro Sula, donde dos agentes de la recién creada Dirección Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) vivían y donde las autoridades del Ministerio Público incautaron más de 450 dosis de estupefacientes retenidas de forma irregular, volvió a encender las alarmas institucionales en Honduras.
El hallazgo no solo golpea la reputación de un cuerpo policial creado para sustituir a la extinta Dipampco, sino que deja al descubierto profundas debilidades en los mecanismos de depuración, evaluación continua y fiscalización interna de la Policía Nacional.
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Durante el espacio de debate Frente a Frente expertos en el tema coincidieron en que el incidente trasciende la responsabilidad individual de los agentes investigados y evidencia la urgencia de reestructurar el sistema de control estatal para evitar que la infiltración del crimen organizado siga desarmando las reformas de seguridad.
Los invitados este día en el foro fueron: Xiomara Orellana, periodista especializada en temas de investigación y crimen organizado; Leandro Osorio, exjefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y German Licona, capitán en retiro de las Fuerzas Armadas.
De igual forma, Henry Osorto Canales (vía Zoom), comisionado general de la Policía Nacional en retiro; Rommel Martínez (vía telefónica), subsecretario en el Despacho de Seguridad y Carlos Padilla (vía telefónica), Criminólogo y especialista en justicia penal.
Además estuvo el exdirector de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), César Bonilla.
Falsa certificación y la falta de evaluación continua
La DAET nació a finales de mayo de 2026 tras el cierre de la Dipampco, precedido por escándalos de extorsión y corrupción policial.
En aquel momento, la Secretaría de Seguridad anunció un riguroso proceso de certificación en el que se sometió a evaluación a más de 800 efectivos, de los cuales solo un 10% logró superar las pruebas para integrar el nuevo organismo.
Sin embargo, el resultado obtenido en San Pedro Sula pone en duda la efectividad real de ese filtro inicial. El abogado penalista y capitán en retiro German Licona cuestionó con dureza los parámetros de selección empleados por las autoridades al señalar la contradicción entre el discurso oficial y la realidad del campo.
"Se dijo que más de 800 funcionarios policiales se iba a seguir un proceso riguroso de certificación y que solo 10% supuestamente iba a pasar a reincorporarse a la DAET. Si ese10% fue correcto, vea los resultados que estamos obteniendo. ¿Y el otro noventa por ciento dónde lo tenemos? Lo tenemos en las demás fuerzas de la Policía Nacional", advirtió Licona.
Para la periodista especializada en crimen organizado Xiomara Orellana, uno de los errores conceptuales más graves del Estado es asumir que la aprobación de una prueba de polígrafo o de confianza otorga un "cheque en blanco" indefinido a los funcionarios.
Orellana remarcó que la certificación debe ser un proceso ininterrumpido a lo largo de toda la carrera policial.
"Un agente policial oficial que haga la prueba del polígrafo y la pase no significa que ya está certificado y que allí terminó; es apenas el inicio de un camino de investigación que va a terminar en ese proceso de pruebas patrimoniales y certificación de conducta que debe ser permanente", manifestó Orellana.
Y agregó que "no basta únicamente con hacer una certificación policial porque parece que hasta ahí llegamos y no damos seguimiento después a qué patrimonio tiene el personal o cuál es su conducta".
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El debilitamiento en la captación de aspirantes
La presión política por incrementar aceleradamente el número de agentes patrullando las calles ha provocado, según los especialistas, una flexibilización peligrosa de los estándares de ingreso en la Academia Nacional de Policía y en los centros de formación básica.
César Bonilla, exdirector de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP, antecesora de la Didapol), identificó el origen del problema en la etapa inicial de selección de aspirantes, donde la cantidad ha desplazado a la calidad.
"El sistema de depuración o fortalecimiento de la Policía Nacional debe empezar desde la captación de los aspirantes. Últimamente, por hacer números y por llenar a la policía de personal, están dejando pasar con filtros muy débiles", aseveró Bonilla.
Esta falta de rigor en la captación genera que personas vulnerables a las tentaciones del narcotráfico o ligadas directamente a estructuras criminales ingresen a los cuerpos de seguridad, porten indumentaria oficial y tengan acceso a información sensible de inteligencia.
Auditorías patrimoniales y blindaje salarial
Los analistas hicieron hincapié en que la contrainteligencia y los controles disciplinarios deben acompañarse de dos elementos estructurales: auditorías patrimoniales recurrentes y condiciones laborales dignas.
Osorto Canales recordó que la infraestructura y las leyes duras pierden su utilidad si el personal a cargo cede ante la corrupción.
"¿De qué sirve que digamos que vamos a hacer una cárcel de máxima seguridad si el funcionario que va a estar ahí es el corrupto que permite el ingreso de las AK-47 o de los teléfonos? Este es un problema de sistema y lo que hay que cambiar es el personal en todos sus niveles", señaló el criminólogo.
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A su vez, el criminólogo Carlos Padilla relacionó la vulnerabilidad de los operadores de justicia con el estancamiento salarial.
Padilla denunció que las convocatorias para nuevos fiscales ofrecen sueldos base de 21,000 lempiras, una cifra fijada en el arancel de 2003 que lleva más de dos décadas sin actualización.
"Hablan de un salario base de veintiún mil lempiras para nuevos fiscales... Esto data de 2003, tiene veintitrés años de no ser revisado. Tomando en cuenta el riesgo, los costos de traslado y el costo de vida, es un sueldo ofensivo. Todo esto debe mejorarse si en realidad queremos eficiencia y contundencia", expuso Padilla.
El consenso final de los expertos exige al Estado trascender los simples cambios de nombre o logotipo institucional.
La transformación de la seguridad pública en Honduras requiere auditorías patrimoniales periódicas avaladas por el Tribunal Superior de Cuentas, investigación continua de conducta, despolitización de los nombramientos y una voluntad política firme para erradicar las "manzanas podridas" antes de que terminen por contaminar toda la estructura policial.
