Con cada entrega de cemento, techos o bolsas solidarias, lo que muchos reciben como ayuda podría tener otro trasfondo. Para expertos, el fondo social que manejan los diputados del Congreso Nacional degenera un mecanismo de proselitismo político que se alimenta de los impuestos de los hondureños.
“El pago de bienes y servicios con fondos públicos es, en muchos casos, el financiamiento directo de campañas políticas. Lo que no se va en proselitismo, se pierde en corrupción”, sentenció el economista Ismael Zepeda, al denunciar el desvío de recursos que debían llegar a los más vulnerables.
Las declaraciones surgen luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, revelara una lista de parlamentarios que gestionaron cifras millonarias bajo el rótulo de “proyectos sociales”, sin ofrecer respaldo documental ni técnico
Impuestos al servicio de políticos
El debate se intensifica con un punto en común: los impuestos. Son los tributos que la población paga con esfuerzo los que estarían nutriendo estructuras partidarias disfrazadas de obras comunitarias.
Para Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Congreso sobrepasó su rol constitucional al administrar recursos públicos.
“No les corresponde ejecutar obras. Ya van tres años y medio sin legislar, pero sí canalizando millones”, señaló.
La falta de transparencia suma a la ausencia de auditoría social, lo que provoca que el fondo social, lejos de ser una solución, se perciba como parte del problema: el uso partidario del dinero del pueblo.
Oficialismo: “Sí se ejecutan proyectos comunitarios”
Desde el oficialismo, las críticas son vistas como parte de una campaña de desprestigio.
Wilfredo Serrano, sociólogo vinculado al gobierno, admite que los fondos provienen de los impuestos, pero defiende su uso en obras concretas.
“No podemos negarlo, pero estos recursos van al desarrollo comunitario”, aseguró.
Sin embargo, el caso de la diputada de Libertad y Refundación (Libre) Isis Cuéllar, implicada en la entrega irregular de cheques de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que terminó con la renuncia del ministro José Carlos Cardona, pone en entredicho esa versión. (Más información: Cardona fuera, pero la corrupción debe investigarse, dicen expertos)
Este escándalo es el más sonado, pero no el único. Son varias las denuncias en las que los beneficios del fondo social no llegan a quienes más los necesitan.
O si llegan, tienen el sello de colores y banderas de partidos políticos en lugar de transparencia.
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¿Quién protege los impuestos del pueblo?
La opacidad que rodea el uso del fondo social motiva a entes fiscalizadores a abrir investigaciones.
Pero los expertos insisten en que mientras el Congreso mantenga control sobre recursos financieros, el riesgo de que los impuestos sirvan a intereses electorales seguirá latente.
Y aunque las leyes establecen controles, la realidad muestra que estos son frágiles o ineficaces frente a la astucia política.
Lo que preocupa no es solo el uso de los fondos, sino el silencio institucional frente al desvío del dinero público.
En Honduras, los impuestos deberían ser la base del desarrollo social. Pero en manos equivocadas, se convierten en la gasolina que alimenta campañas, compra voluntades y perpetúa un sistema que privilegia el poder sobre el pueblo.
Mientras no se corrija ese rumbo, el fondo social seguirá siendo menos una herramienta de ayuda y más un disfraz electoral que se costea con el sudor de todos.
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