El Ministerio Público pretendía privar al oficial retirado de dos bienes inmuebles, cuatro vehículos y siete productos financieros, según lo establecido en el comunicado emitido por el Poder Judicial.
Pero El Juzgado de Privación de Dominio aseguró que el motivo de la resolución fue por la insuficiencia probatoria por parte del Ministerio Público.
"Dentro de la pericia financiera que es el medio de prueba toral en el proceso de privación, porque es de donde parten las conclusiones para determinar la licitud o ilicitud de bienes, no se aportó la totalidad de los insumos, por ende, no hubo plena prueba", señaló el Tribunal al momento de emitir el fallo.
La lectura de sentencia se programó para el 7 de marzo de 2024.
"Fue injustificado"
"No se lograron acreditar los medios de prueba del Ministerio Público”, expresó Mejía, a quién la Fiscalía acusaba de supuesto enriquecimiento ilícito, debido a que según la investigación, "aumentó su ingreso patrimonial de forma injustificada".
Héctor Iván Mejía afirmó que durante el proceso, su equipo de defensa pudo demostrar la legalidad de la adquisición de sus bienes.
"Durante todos mis años como servidor público en la Policía Nacional, procuré trabajar con honestidad", expresó, enfatizando su compromiso con la integridad. Además, anunció su intención de demandar al Estado de Honduras.
En enero de 2023, el Ministerio Público llevó a cabo un operativo para asegurarle 13 bienes muebles e inmuebles, así como siete cuentas bancarias, como parte de una investigación relacionada con el delito de enriquecimiento ilícito.
Mejía es un oficial retirado de la Policía Nacional en el 2018, siempre sostuvo que las seis cuentas bancarias con L7.3 millones de lempiras que se le incautó, eran sus aportaciones que ahorró en la cooperativa Compacal ubicada en San Pedro Sula.
