La posibilidad de implementar nuevamente un estado de excepción en Honduras genera posiciones encontradas dentro del Gobierno, luego de que la Secretaría de Seguridad solicitara al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) adoptar esa medida para enfrentar los niveles de criminalidad, mientras la Secretaría de Defensa mantiene sus reservas y plantea acciones más concretas.
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Seguridad pide un estado de excepción focalizado en zonas con alta incidencia delictiva, así como la aplicación del decreto que establece la clasificación de terroristas para grupos criminales como maras y pandillas.
El propio presidente Nasry Asfura confirmó que la propuesta será analizada en el CNDS, instancia encargada de evaluar las medidas que correspondan ante la situación de seguridad.
Defensa apuesta por acciones quirúrgicas antes que un estado de excepción
El secretario de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, manifestó sus reservas respecto a retomar el régimen de excepción focalizado y planteó que deben priorizarse acciones dirigidas específicamente contra quienes cometen delitos.
"Yo soy abogado y tengo mis reservas con los estados de excepción, pero se va a discutir. El estado de excepción es suspender las garantías constitucionales y en el margen para respetarla se crea un vacío", expresó Rodríguez al ser consultado sobre la propuesta de la Secretaría de Seguridad.
El funcionario recordó que durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro esta medida permaneció vigente durante casi cuatro años, en el marco de la estrategia para combatir la extorsión y delitos conexos, pero consideró que los resultados fueron limitados.
"Yo soy más propenso a realizar acciones más quirúrgicas que vayan directamente al delincuente sin estropear la vida del ciudadano común", señaló.
Rodríguez aclaró que la decisión no corresponde únicamente a Defensa, sino que será el CNDS el que deberá analizar la situación y determinar las medidas que correspondan.
Analistas cuestionan repetir la medida
Desde el ámbito académico, el sociólogo Pablo Carías advirtió sobre los posibles efectos que tendría una nueva suspensión de garantías y señaló que podría aumentar la desconfianza de la población en las instituciones de seguridad.
A su criterio, uno de los principales riesgos está relacionado con la depuración de los cuerpos policiales. Carías sostuvo que, si una medida excepcional no se acompaña de controles y procesos de depuración, podría generar condiciones para abusos contra la ciudadanía.
"Si eso no se hace aparejado con la depuración de la Policía, lo que se le está dando en bandeja de plata a los mismos para que se violenten los derechos", manifestó.
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El sociólogo consideró que retomar una herramienta que, según su valoración, no produjo los resultados esperados durante la administración anterior evidencia la falta de una estrategia integral de seguridad.
Por su parte, el analista Nery Gaitán calificó un eventual nuevo estado de excepción como una medida paliativa y cuestionó su capacidad para enfrentar estructuras de crimen organizado.
"Este estado de excepción solo es una medida paliativa para tratar de decir que están actuando o haciendo algo, pero en términos generales no es efectivo. Un estado de excepción no va a combatir el crimen organizado", afirmó.
Para los analistas, el desafío no se limita al control territorial, sino que también implica recuperar la confianza de los ciudadanos mediante resultados sostenibles y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
Conadeh documentó denuncias durante la medida
La experiencia del estado de excepción implementado durante la administración Castro también ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) documentó denuncias contra cuerpos de seguridad por presuntas detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles y colocación de pruebas falsas.
Además, el organismo encontró casos de personas detenidas que no estaban vinculadas a delitos de extorsión o ilícitos conexos dentro de los territorios incluidos en la medida.
ASJ cuestionó los resultados del estado de excepción
El estado de excepción comenzó el 6 de diciembre de 2022 y llegó a abarcar 223 de los 298 municipios, según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Un análisis de la organización registró 3,286 denuncias por extorsión y 9,500 homicidios entre 2022 y 2024, además de una brecha entre las denuncias, las detenciones y los casos que llegaron a una resolución judicial.
En una presentación de 2024, ASJ reportó 179 sentencias condenatorias por extorsión acumuladas hasta ese momento.
Congreso ofrece respaldo a medidas contra el crimen
Mientras el Gobierno analiza la propuesta, el Congreso Nacional expresó su disposición a respaldar las reformas que sean necesarias para combatir la delincuencia.
Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, dijo que esperarán las conclusiones de la reunión del CNDS y pidió que la seguridad sea abordada como un asunto de país.
"Obviamente, el Congreso Nacional está listo para apoyar todas las reformas necesarias para la lucha contra la delincuencia. Espero que no sea un tema politizado", manifestó.
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