El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó este lunes que propuso adoptar medidas más fuertes contra las estructuras criminales que operan en varios municipios de Honduras, incluido un estado de excepción focalizado.
Según declaraciones del funcionario en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5, como autoridad han analizado la evolución de los grupos organizados, incluyendo maras y pandillas, que están causando terror entre la población y desplazando a ciudadanos de sus propias viviendas.
En ese sentido, agregó han solicitado al presidente Nasry Asfura y al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que "se adopten medidas un poco más extremas para poder combatir esta ola de criminalidad".
Otro de los planteamientos de Seguridad es que el CNDS implemente el decreto que ya establece la clasificación de determinados grupos criminales como asociaciones terroristas y además, que se habiliten herramientas que faciliten las operaciones policiales y militares contra estas estructuras.
"No se pueden obtener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma forma", sostuvo el funcionario"
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Municipios priorizados para el estado de excepción
El secretario señaló que inicialmente se han identificado 30 municipios con altos niveles de violencia, pero aclaró que el eventual estado de excepción podría no aplicarse en todos ellos.
La propuesta contempla además la posibilidad de crear fiscalías y juzgados especializados, así como asignar recursos adicionales para mantener operaciones sostenidas contra las estructuras criminales.
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Velásquez señaló que entre los criterios para focalizar las acciones están los territorios donde se registra violencia atribuida a maras y pandillas, así como casos en los que familias han sido desplazadas de sus viviendas.
Respaldo y oposición a la medida
El criminólogo Gonzalo Sánchez respaldó la propuesta y consideró que el estado de excepción debe aplicarse de manera focalizada en lugares con mayor incidencia de extorsiones, homicidios y secuestros.
"Ninguna estructura criminal puede poner de rodillas a un Estado", afirmó Sánchez, quien consideró que la medida debe estar acompañada de recursos y coordinación entre Policía, Fuerzas Armadas y operadores de justicia.
En contraste, Ana Ruth García, de Ecuménicas por el Derecho a Decidir y defensora de derechos de mujeres, niñas y adolescentes, manifestó su rechazo.
"No estamos de acuerdo porque en primer lugar el estado de excepción precisamente como se pierden garantías constitucionales, eso significa que va a haber mucho más violación a los derechos humanos", señaló.
García sostuvo que durante el estado de excepción implementado en el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro no se observaron resultados suficientes en la reducción de femicidios y pidió implementar una alerta específica frente a la violencia contra las mujeres.
La decisión final sobre un eventual estado de excepción corresponderá al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, por lo que Velásquez indicó que podría conocerse en los próximos días.
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