Esta petición surge tras la negativa del juez Castell, el pasado 19 de diciembre, de proporcionar a la defensa de Hernández, la documentación completa del caso, incluyendo los materiales clasificados, citando razones de seguridad nacional.
Shroff basó su solicitud en la Regla 16 del Procedimiento Penal Federal, argumentando que el gobierno estadounidense está obligado a revelar al acusado cualquier declaración pertinente en su posesión.
La abogada ha pedido una versión desclasificada de las decisiones orales del tribunal y los documentos clasificados presentados hasta ahora, con el fin de acceder a información relevante para la defensa de Hernández.
El juicio contra Hernández, que enfrenta cargos de narcotráfico, está programado para iniciar el 5 de febrero de 2024, precedido por una audiencia de información el 16 de enero del mismo año.
La estrategia de defensa de Hernández también incluye la búsqueda de información sobre la identificación de funcionarios de alto rango de Estados Unidos supuestamente involucrados en operaciones antidrogas en Honduras, conforme a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA).
En particular, la defensa busca identificar a una fuente anónima que afirmó que Hernández recibió apoyo de grupos criminales para asistir a reuniones políticas durante las controvertidas elecciones de 2017.
Juan Orlando Hernández, quien fue presidente de Honduras en dos mandatos consecutivos, de 2014 a 2018 y de 2018 a 2022, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 tras ser capturado en Honduras el 14 de febrero del mismo año.
Actualmente, se encuentra recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.
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