La Asociación de Ciudadanos por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) ha denunciado públicamente la creciente criminalización de organizaciones de sociedad civil en Honduras, una situación que, según la entidad, busca silenciar a quienes luchan contra la corrupción, defienden los derechos humanos y exigen democracia y justicia en el país.
En un pronunciamiento emitido el lunes 5 de mayo, la ACTJ señala al poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, la Policía Nacional y el Ministerio Público como responsables de acciones sistemáticas que pretenden debilitar a la ciudadanía organizada.
Entre los hechos más recientes, según la organización, está el comunicado oficial SEDS No. 20-2025, emitido el 30 de marzo, en el cual se advierte que las autoridades tomarán fotografías y videos a quienes lideren protestas, con la intención de emitir órdenes de captura o proceder a su detención inmediata.
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A esta amenaza se suma la iniciativa introducida el 23 de abril por el presidente del Congreso Nacional (Luis Redondo) para crear una comisión especial que "investigue" a organizaciones que han ejecutado proyectos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Esta propuesta se basa en declaraciones del empresario Elon Musk, "quien califica a la USAID como una 'organización criminal', a pesar de que la Agencia goza del apoyo degrandes sectores de la población estadounidense y que ha desarrollado proyectos sociales de enorme ayuda a las poblaciones más pobres de Honduras", indica la ACTJ.
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Además, la organización menciona que continúa vigente la polémica reforma al artículo 34 de la Ley de Lavado de Activos, que clasifica como "persona expuesta políticamente" a miembros de organizaciones de sociedad civil que administren fondos de cooperación externa para proyectos de veeduría, evaluación o análisis de la gestión pública.
Advertencias de la ACTJ
La ACTJ advierte que estas medidas demuestran "que el grupo que ostenta el poder político en Honduras utiliza las mismas estrategias implementadas por gobiernos autoritarios, corruptos y/o vinculados al crimen organizado como el de Nicolas Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, o gobernantes de extrema derecha de Suramérica que, dejando de lado las diferencias ideológicas, usan el poder e instrumentalizan las fuerzas de seguridad del Estado para fines personales y privados".
Agrega que a la preocupación con que dejaron la elecciones primarias se suman la falta de contrapesos a la concentración y abuso de poder del actual gobierno, la falta de una oposición legítima, carente de capacidad para hacer frente de forma coherente a estos abusos.
Además, "la persecución política contra la ciudadanía organizada, que representa la única esperanza de hacer frente a los políticos corruptos de todos los partidos, que se reparten el poder y la justicia mediante pactos de impunidad, aunque públicamente finjan estar en extremos opuestos".

"Callar no es una opción", declara la ACTJ, que hace un llamado al pueblo hondureño a mantenerse firme en la defensa de la democracia, la libertad de expresión y el derecho de asociación.
Asimismo, exige a los tres poderes del Estado que cesen de inmediato la persecución contra quienes luchan por la justicia, sin importar el partido en el poder.
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