La familia de Perfecto Jesús Enamorado Maldonado, uno de los tres presuntos terroristas señalados por el Ministerio Público de ser parte de un complot para asesinar al expresidente Manuel Zelaya, denunció este miércoles irregularidades en su arresto. Mientras, el relacionador público del ente fiscalizador del Estado, Yuri Mora, aseguró que existen pruebas contundentes además de los audios filtrados.
El pasado 14 de agosto, el fiscal general Johel Zelaya denunció un complot contra el exmandatario y coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), como parte de un plan para impedir las elecciones del 30 de noviembre.
Además de Enamorado, el Ministerio Público señaló a Arcadio Corrales y Antonio Kattán, de los cuales al menos dos aparecerían supuestamente en un audio que los implicaría. Los tres fueron detenidos y enviados al Centro Penitenciario Nacional, ubicado en la aldea de Támara.

El caso, señalado como una "cortina de humo" por algunos sectores, ha generado alertas sobre la posible criminalización de expresiones de opinión.
La denuncia de la familia: un arresto injusto
La hija de Perfecto Jesús Enamorado emitió un comunicado que fue leído en el programa Frente a Frente de Canal 5.
El documento expresa el "repudio al atropello y completa violación del debido proceso legal" y la "vulneración de derechos humanos" cometidos por el Ministerio Público, "al sacar de su domicilio, arrestar y emitir requerimiento fiscal contra mi padre", quien fue "catalogado injustamente como terrorista".
Según su testimonio, el arresto de su padre, de 70 años, se realizó el 14 de agosto a las 6 de la mañana.
Los agentes no mostraron orden de captura ni le hicieron saber el delito que se le imputa, lo cual fue agravado por la "ilegítima trampa utilizada para ingresar a la vivienda, tocando fuertemente y gritado '¡se quema la casa, salgan que se quema la casa!'".
Esta acción asustó a su madre, de 66 años, quien se lastimó en medio de la desesperación que le causó aquella advertencia.
La familia de Enamorado Maldonado, junto a los amigos y la comunidad de Comayagua, respalda su carácter pacífico y trayectoria laboral intachable, por lo que pidieron su pronta liberación. Denunciaron también que "no se encontraron armas por más que buscaron, pues nunca las hemos usado como familia".
La hija de Antonio Kattán, otro de los imputados, también admitió que su padre escribió "cosas" en un chat de amigos, pero las calificó como una "broma de mal gusto" y negó cualquier intención terrorista.
El Ministerio Público dice tener varias pruebas
Por su lado, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, defendió la actuación del ente acusador del Estado, afirmando que existen "más pruebas de las que se han mencionado en los diferentes medios de comunicación" que serán valoradas por el juez.
Mora hizo referencia a un reciente atentado contra un precandidato presidencial en Colombia, que resultó en su fallecimiento, para enfatizar la seriedad con la que el Ministerio Público debe tomar las informaciones que llegan, incluso si inicialmente parecen meras expresiones.
Subrayó que, al recibir esta información, "lo menos que se podía hacer era presentar el requerimiento fiscal contra estas personas".
También destacó que el Ministerio Público cuenta con "fiscales valientes, fiscales comprometidos, fiscales capaces", que se sienten frustrados cuando los medios de comunicación priorizan noticias con "tinte político" sobre la labor de investigación que ellos realizan.
Jurista alerta sobre límites de la persecución por opiniones
En el programa de debates, la exfiscal Sandra Ponce declaró que "nadie puede ser molestado ni perseguido por sus opiniones, por más que no le gusten a quien no le gusten".
Explicó que "no basta con haber emitido o haber expresado una opinión para decir que se ha cometido un delito de peligro".
Agregó que "excepcionalmente, nuestra legislación penal castiga estos delitos de peligro (...) que tienen que ver con magnicidio, donde los actos preparatorios son punibles".
Sin embargo, "no basta con decirlo, tienen que haber elementos que refuercen que hay una intención realmente de llegar a consumar un resultado".
Esos son los elementos que la Fiscalía tendrá que probar y que los jueces tendrán que valorar, "pero yo creo que es importante dejar bien reafirmado que (...) nadie puede ser perseguido por una mera opinión".
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