La aprobación de reformas penales, el endurecimiento de las penas contra maras declaradas asociaciones terroristas y el despliegue de miles de agentes en las calles no serán suficientes para pacificar a Honduras si no se ataca la raíz del problema: la infiltración criminal y la falta de depuración dentro de las propias instituciones encargadas de impartir justicia, concluyeron expertos.
Durante el foro Frente a Frente de este jueves 24 de septiembre de 2026 especialistas nacionales e internacionales examinaron las grietas internas del sistema judicial, fiscal y policial hondureño.
Después de hacerse la pregunta: ¿podrá Honduras derrotar a las maras, pandillas y organizaciones terroristas si no hay depuración a las instituciones operadoras de justicia?, los invitados contrastaron sus enfoques sobre la urgencia de aplicar evaluaciones patrimoniales, pruebas de confianza, inteligencia criminal y certidumbre presupuestaria para evitar que las condenas sigan naufragando en una tasa de impunidad que ronda el 90%.
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El programa contó con la participación en el set del especialista en prevención y seguridad de El Salvador, Juan Carlos Torres; el coronel en retiro y consultor en seguridad, Agustín Avelar; el especialista en administración de justicia penal, Kenneth Madrid; el docente universitario y máster en derecho penal, Nelson Castañeda; y la especialista en política criminal y seguridad nacional, Karina Pastrana.
Es necesario certificar al personal judicial
El especialista en justicia penal Kenneth Madrid advirtió que la efectividad de las capturas se desvanecerá si el Ministerio Público y el Poder Judicial continúan operando con personal sin evaluar desde hace más de dos décadas.
"En el Poder Judicial se tendrán más de 20 años de no hacer una evaluación de personal que venga a garantizar cuáles son las mejores capacidades de los empleados y funcionarios, dónde y en qué áreas deben estar, y los que obviamente se demuestre después de las pruebas de confianza que no son aptos para estar, que salgan del sistema. Si usted tiene infiltradas las organizaciones dedicadas a la administración de justicia, lógicamente que no va a ser efectiva la reforma", aseveró Madrid.
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Madrid enfatizó que el verdadero reto del Estado es vencer la impunidad generalizada fortaleciendo la investigación y el análisis criminal, ya que las detenciones masivas por sí solas no sostienen las sentencias en los tribunales.
"El problema es que las condenas no se sostienen con captura; las condenas son con evidencia, con prueba, con material probatorio que venga a garantizar que esa persona capturada va a tener un proceso judicial y va a ser condenado", puntualizó.
Miedo, las amenazas y el presupuesto
La especialista en política criminal Karina Pastrana introdujo una perspectiva humana y estructural al debate, señalando que la falta de denuncias internas dentro de las instituciones obedece a la percepción de corrupción y al miedo infundido por las bandas delictivas contra los propios agentes.
"Hay agentes que son investigados por estas mismas estructuras que tienen operaciones logísticas y administrativas y le pueden decir a cualquiera que no tiene carros blindados ni escoltas: 'Sabemos dónde vives, sabemos dónde está tu familia'. Lo preocupante es que ni siquiera los mismos agentes, la policía, jueces o fiscales van y denuncian a otra institución por esa percepción de corrupción e inseguridad", explicó Pastrana.
Asimismo, Pastrana condicionó el éxito de la reforma penitenciaria, -que incluye aislamiento estricto de una hora de sol semanal para reclusos peligrosos-, a la existencia de un presupuesto real y sostenido en el tiempo que permita construir y adecuar cárceles de máxima seguridad sin improvisaciones.
Rescate de las instituciones nobles
Desde otro punto de vista, Agustín Avelar defendió la integridad de la institucionalidad, asegurando que la corrupción no es generalizada sino cometida por individuos específicos que deben ser depurados sin estigmatizar a los cuerpos de seguridad o al Poder Judicial.
"Las instituciones son nobles. No podemos acusar que un Poder Judicial es corrupto, no podemos acusar que las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional son corruptas. Quienes son corruptos son ciertos elementos que están dentro de las instituciones y que pesan", afirmó Avelar.
Avelar reconstruyó la evolución del crimen en Honduras desde los "ladrones de gallinas" antes de los años 60 hasta la "tercera generación de mareros" surgida a partir de 2010, caracterizada por contar con abogados, médicos y redes financieras.
Pese a esa complejidad, sostuvo con firmeza que "el Estado jamás va a estar abajo de la delincuencia si hay voluntad política, liderazgo y apoyo de la población".
Lecciones de la depuración
El experto salvadoreño Juan Carlos Torres aportó la experiencia de su país, recordando que El Salvador tuvo que depurar a numerosos abogados, jueces y policías identificados por unidades de inteligencia antes de consolidar el control territorial.
Sin embargo, hizo un llamado de advertencia tanto a las autoridades como a la ciudadanía hondureña.
"Decirle a la audiencia: no le pidan a sus fuerzas de seguridad que actúen como actúan los delincuentes, porque las fuerzas de seguridad actúan bajo marcos legales... Si no actúan así, esos buenos ciudadanos después pueden estar implicados y demandados por delitos de lesa humanidad", enfatizó Torres.
Advirtió que encarcelar masivamente sin depurar el sistema de justicia provoca saturación judicial y violaciones a los plazos legales.
"El que entra no sale, pero el sistema está saturado ya. No estamos dando respuesta porque esa gente va a salir resentida si ha sido encarcelada injustamente", agregó, insistiendo en que el encarcelamiento debe acompañarse de prevención social para evitar el relevo generacional en las pandillas.
El debate en Frente a Frente dejó en evidencia que las reformas legislativas y la presencia policial en las calles son solo la mitad de la ecuación en la lucha contra la criminalidad organizada.
Para que la declaración de las maras como organizaciones terroristas tenga un impacto real y sostenible, resulta imperativo romper la inercia institucional mediante la certificación del personal, la realización de pruebas de confianza periódicas, la auditoría de patrimonios y una investigación criminal rigurosa que impida que los expedientes colapsen en los tribunales.
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