En Honduras, los desalojos dejaron de ser hechos aislados para convertirse en una política de Estado. Entre el 6 de junio de 2023 y el 14 de mayo de 2025, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) registró 46 operativos en comunidades rurales y urbanas que afectaron a 9,443 familias, en su mayoría campesinas, indígenas y obreras.

El monitoreo, elaborado por el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial, muestra una tendencia preocupante: el 85 % de los desalojos se ejecutaron con violencia y apenas cuatro fueron suspendidos.

Las cifras revelan el costo humano de una estrategia estatal que, bajo el argumento de “seguridad agraria”, profundizó las heridas del campo hondureño.

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Desalojos con violencia y sin órdenes judiciales

Las escenas se repiten con crudeza: maquinaria pesada arrasando cultivos, viviendas destruidas, familias huyendo entre el llanto y la impotencia.

En muchos casos, los desalojos se ejecutan sin órdenes judiciales, en abierta violación al debido proceso, dice Cespad.

El registro señala que los departamentos de Yoro, Colón y Cortés concentran la mayoría de los casos.

Son zonas fértiles y disputadas por corporaciones agroexportadoras dedicadas a la palma africana, la caña de azúcar y la ganadería extensiva, sectores que desde hace años presionan por expandir sus monocultivos.

En estos operativos, la fuerza pública actúa con uso desproporcionado de violencia, afectando a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, mientras se criminaliza a los líderes comunitarios que defienden su tierra.

El monitoreo documenta cómo, lejos de resolver el conflicto agrario, el Estado optó por sofocar la resistencia con represión.

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Campesinos e indígenas, los más golpeados

De las 46 acciones registradas, más de la mitad corresponden a familias campesinas, principalmente afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y a empresas asociativas de producción.

Estas comunidades producen granos básicos y sostienen buena parte de la soberanía alimentaria de Honduras.

Sin embargo, sus parcelas están en disputa. El resultado: desalojos con violencia que desmantelan comunidades enteras y ponen en riesgo la seguridad alimentaria nacional.

El monitoreo también evidencia un patrón sistemático de despojo en territorios indígenas.

En el occidente, comunidades lencas de Intibucá, La Paz y Comayagua fueron despojadas para dar paso a proyectos hidroeléctricos y forestales.

En la costa norte, enfrentan la presión del capital extractivo que busca instalar proyectos sin consulta previa.

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Miedo y desplazamiento en Honduras

El impacto humano de los desalojos va más allá de las cifras. Cada comunidad deja atrás mujeres desamparadas, niños fuera de la escuela y hombres que emigran en busca de nuevas oportunidades.

En los campos de Yoro y Colón, las huellas del despojo son visibles: surcos vacíos, casas derrumbadas y un miedo que paraliza a quienes aún resisten.

Para el Cespad, el avance de esta política agraria violenta pone en jaque no solo los derechos humanos, sino también la democracia rural y la paz social.

Al despojar a las comunidades, el Estado debilita las estructuras colectivas que sostienen la vida en el campo.

Mientras la Comisión de Seguridad Agraria actúa con impunidad, el observatorio se convierte en un registro histórico de resistencia.

Una memoria que evidencia la brecha entre el discurso gubernamental y la realidad del campo hondureño.

Los desalojos con violencia no son simples estadísticas: son la historia de un país que aún no resuelve su deuda con la tierra.

Y mientras el Estado insista en llamar “seguridad” a la represión, la lucha por la tierra seguirá siendo también una lucha por la dignidad.

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