Durante el desalojo no se registraron incidentes de violencia, informó la institución policial en redes sociales, y en el mismo participaron unos 200 agentes.
El desalojo se realizó en cumplimiento a un requerimiento judicial emitido por el Juzgado de Letras de El Progreso, por lo que los funcionarios policiales se presentaron para ejecutar el desalojo de los predios, propiedad de un ingenio azucarero.
"La operación se desarrolló garantizando los derechos humanos de las personas que se asentaron de manera ilegal en el sitio ubicado a orillas de la carretera que comunica las ciudades de El Progreso y Santa Rita", detalló la Policía Nacional en su informe.
Asimismo, agregaron que el desalojo fue supervisado por un juez ejecutor y se realizó de manera pacífica, al no presentarse enfrentamientos entre las personas desalojadas y los funcionarios policiales.
Por último, indicaron que se está dando seguimiento para identificar y ubicar a las personas responsables de promover la invasión, a las que se les ejecutará un requerimiento judicial.
Este es el primer desalojo que se desarrolla tras la creación de la Comisión Agraria, dado que un desalojo que se iba a realizar el pasado miércoles 7 de junio no procedió en la comunidad de Arenales, en San Pedro Sula, Cortés (norte).
Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció el pasado martes 6 de junio la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra tras concluir una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
De acuerdo a Castro, el sector agropecuario aporta el 12.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) y el 35% de las exportaciones del país corresponden a este sector, cuya actividad se desarrolla básicamente en el sector rural, donde el 63% de la población vive en condición de pobreza y el 50% en extrema pobreza.
La reforma agraria, según la mandataria, es un "asunto pendiente" en Honduras, donde han transcurrido más de 30 años desde la promulgación de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, lo que no permite al Instituto Nacional Agrario (INA) "dar respuestas positivas a la demanda de tierras" de campesinos, comunidades indígenas y pueblos originarios.
No obstante, opositores consideran que el Gobierno utilizará el mecanismo para instalar un "Estado socialista", que implica quitar la tierra a propietarios privados para compartirla con grupos que reclaman una reforma social.
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