La defensora de derechos humanos Dina Meza denunció este lunes que en Honduras "desde la propia institucionalidad se amenaza a los periodistas" con el fin de silenciar las denuncias sobre los problemas que afectan al país.

Sus declaraciones surgen tras el asesinato de dos comunicadores durante el fin de semana: Carlos Aguirre, en Olancho, y Javier Hércules, de origen salvadoreño, en Santa Rosa de Copán.

Meza, fundadora del Centro Pen Honduras —una organización que defiende la libertad de información y apoya a periodistas amenazados— aseguró que instituciones como el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) han desestimado denuncias interpuestas por trabajadores de medios.

Instituciones que ignoran las denuncias

Como ejemplo, citó el caso de Javier Hércules. Según Meza, la DPI ignoró las amenazas que él había denunciado y la Fiscalía se negó a recibirlas. A pesar de contar con medidas del Mecanismo Nacional de Protección, fue acribillado, lo que evidencia, según la defensora, el fracaso del sistema.

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"Desde la propia institucionalidad se amenaza a los periodistas", insistió Meza. Cuestionó además que la Fiscalía para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia imparta capacitaciones sobre libertad de expresión mientras no atiende las denuncias.

Un llamado directo a Xiomara Castro

Las instituciones "no funcionan", recalcó, y pidió a la presidenta Xiomara Castro una depuración profunda, ya que, según afirma, hay colusión entre funcionarios públicos y quienes amenazan o asesinan periodistas.

También exhortó a la mandataria a que ordene a sus funcionarios y a la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, "que bajen el nivel de confrontación contra la prensa".

"Aquí lo que se pretende es generar terror en la prensa para que no salgan los problemas que hay en el país. La violencia contra periodistas está exacerbada", expresó.

Muertes de periodistas desde 2022

Meza advirtió que la hostilidad hacia los comunicadores ha aumentado desde que asumió el actual gobierno, y expresó especial preocupación por el involucramiento de las Fuerzas Armadas, luego que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, calificara a tres periodistas como "sicarios de la verdad".

"Tenemos un jefe del Estado Mayor que actúa como activista. Esto es gravísimo en una sociedad que dice ser democrática", añadió.

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De acuerdo con Meza, desde 2022 al menos 12 periodistas han sido asesinados en Honduras, "no hay investigaciones claras ni resultados de estas muertes. Mientras eso no ocurra, seguiremos señalando que se les mata por ejercer su profesión", apuntó.

Según el Centro Pen Honduras, al menos dos periodistas por semana reciben amenazas, aunque la cifra podría ser mayor, ya que muchos temen denunciar por posibles represalias. Algunos han optado por abandonar la profesión, migrar o exiliarse; otros trabajan como taxistas u oficios varios para sobrevivir.

Meza también alertó sobre el desmantelamiento del Mecanismo Nacional de Protección desde 2022, con despidos de personal capacitado.

Urgen acciones y unidad del gremio

En ese contexto, instó a crear una mesa de diálogo plural, como lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de 2023. También pidió al gremio unirse para defender la libertad de expresión. "Si no nos unimos, nos harán chicharrón", advirtió.

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Por su parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, aseguró que periodistas, abogados, ambientalistas y otros grupos se encuentran en total indefensión, por lo que urgen medidas oficiales.

Un Mecanismo sin resultados

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) también ha criticado la ineficacia del Mecanismo, al considerar que no ha evitado los asesinatos de colegas.

El secretario de Derechos Humanos, Héctor Longino Becerra, defendió el funcionamiento del Mecanismo.

Hércules aseguró que algunas de las medidas que protegían al periodista Javier Hércules estaban vencidas y debían ser reevaluadas. Asimismo, dijo que las autoridades competentes deben investigar si su muerte está vinculada al ejercicio periodístico o a denuncias que había presentado ante diversas instituciones.

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