El desplazamiento forzado interno provocado por la violencia sigue golpeando a las familias hondureñas. El ejemplo más reciente ocurrió el pasado fin de semana cuando unas 12 familias tuvieron que abandonar sus hogares en la colonia Villa Nueva por amenazas. En ese sentido, el foro de televisión Frente a Frente de este martes 8 de septiembre de 2026 abordó la temática.
El debate desnudó la impotencia de la ciudadanía y la debilidad del Estado frente al crimen organizado, planteando una incómoda interrogante: ¿quién manda realmente en las comunidades, la autoridad legítima o las maras?
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Para analizar esta compleja crisis territorial, humanitaria y de seguridad, el set contó con la participación de un panel técnico sumamente calificado: Katherine Law, representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el país; el abogado Gonzalo Sánchez, reconocido criminalista y exinvestigador policial; la abogada Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh); y el comisionado Rommel Martínez, subsecretario de Estado en el Despacho de Seguridad.
El dilema de escoltar la huida o neutralizar al criminal
El comisionado Rommel Martínez admitió la falla de las autoridades, quienes en lugar de ofrecer seguridad a las familias, terminaron ayudándoles a salirse de las casas.
Al mismo tiempo reconoció que ver a los policías cargando muebles generó una pésima percepción de autoridad y anunció que ya se revisan los protocolos de actuación interna.
"La función principal del policía debió haber sido llegar y neutralizar los efectos del delito ( ... ) acude sin la suficiente convicción de autoridad a atender una situación pensando de que está haciendo la mejor de las acciones y descuida la función principal que es la prevención y la persecución", manifestó el comisionado.
No obstante, el subsecretario expuso las enormes limitantes materiales y jurídicas que sufre la Policía Nacional para enfrentar a estructuras consolidadas territorialmente.
Reveló que el país arrastra un déficit de 18,000 policías para alcanzar un estándar mínimo de seguridad. Mientras el vecino país de El Salvador cuenta con un policía por cada 228 habitantes, Honduras apenas dispone de un efectivo por cada 430 ciudadanos.
Martínez fue categórico al señalar que la persecución del desplazamiento forzado es sumamente compleja porque la prueba reina en los tribunales sigue siendo el testimonio de la víctima, y nadie se atreve a declarar judicialmente contra un pandillero que controla su propio barrio.
"La policía está lista. Si este paso se da de aquí a diciembre yo le garantizo ( ... ) que yo podría detener y mantener en prisión no menos de 1000 integrantes de maras y pandillas ( ... ) identificadas 140 estructuras criminales que es de conocimiento que producen criminalidad", sentenció el funcionario.
Una legislación de papel, sin fondos
La representante de ACNUR, Katherine Law, aclaró de entrada que las víctimas en Villa Nueva son "desplazados internos" dentro de su propio país y no refugiados directos, ya que estos últimos son quienes cruzan fronteras internacionales huyendo del peligro.
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La experta advirtió que la mudanza masiva transmitida por televisión es solo la punta del iceberg de una tragedia silenciosa que ocurre diariamente a lo largo del territorio nacional.
Citó los datos arrojados por el estudio conjunto de ACNUR y el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados en abril de este año, según el cual más de 423,845 personas han experimentado el desplazamiento forzado en Honduras en algún momento de sus vidas, representando el 4.5% de la población.
La postura central de Law se enfocó en la imperdonable inacción política para dotar de herramientas reales de protección a estas víctimas. Aunque el país cuenta con una ley de protección y prevención aprobada desde abril de 2023, la normativa carece de reglamento aplicable y, por ende, de presupuesto asignado para dar respuestas inmediatas.
"La ley existe, está aprobada y en vigencia desde abril de 2023 pero aún falta el reglamento y con el reglamento pueden tener recursos para ayudar a las familias con alojamiento temporal ( ... ) porque ahorita no hay suficientes recursos", señaló Law.
La depuración selectiva y la voluntad política
El criminalista Gonzalo Sánchez cuestionó con dureza el funcionamiento general del sistema de justicia en Honduras y la hipocresía de las instituciones operadoras.
Sánchez recordó que en la administración del presidente Ricardo Maduro se logró liberar y pacificar barrios enteros utilizando muchos menos recursos tecnológicos y una fuerza policial bastante reducida.
"¿Por qué en ese tiempo en el gobierno de don Ricardo Maduro se frenó a las pandillas, se liberaron barrios y colonias... quedaron limpios ¿Cuál es el punto? pero es que allá el presidente él andaba ahí en los operativos, lo digo con conocimiento de causa. El mismo ministro de Seguridad andaba en los operativos", recordó Sánchez, apuntando a que el verdadero problema radica en la falta de voluntad política de las máximas cúpulas de los tres poderes del Estado.
Sánchez también denunció con malestar la injusticia que representa que la Policía Nacional sea sometida de forma permanente a estrictos procesos de depuración, mientras que la fiscalía del Ministerio Público y el Poder Judicial mantienen intocables a sus jueces y fiscales, permitiendo que algunos se instalen en plazas fijas por años y terminen entablando nexos con el crimen organizado.
El debate concluyó bajo un tenso consenso sobre la urgente necesidad de reactivar la presencia real del Estado en las zonas dominadas por la delincuencia.
Mientras la Secretaría de Seguridad promete mano dura y la captura de mil cabecillas si se aprueban las reformas de asociación terrorista, los organismos de derechos humanos y Naciones Unidas insisten en que el primer paso para demostrar un verdadero compromiso moral es la inmediata firma del reglamento de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, y la asignación efectiva de los 150 millones de lempiras presupuestados.
