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Un juez del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, tras celebrar la audiencia de declaración de imputado, dictó este domingo detención judicial en contra de los tres generales en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, acusados por los delitos de homicidio y lesiones graves.
El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal en contra de los imputados por suponerlos responsables de los "delitos de homicidio y lesiones graves" contra los ciudadanos Isy Obed Murilo y Alex Roberto Zavala.
El Poder Judicial informó en primera instancia que los tres imputados serían remitidos a las instalaciones del Primer Batallón de Infantería en Tegucigalpa.
Sin embargo, tras una decisión de último momento, la medida de detención judicial los encausados deberán de cumplirla en un recinto especial de mínima seguridad de la Penitenciaría Nacional con sede en Támara, en Francisco Morazán.
En esta causa, el juez competente fijó la audiencia inicial para el próximo viernes 10 de enero del presente año a la 1:30 p. m.
El origen de la detención de los tres generales
Vásquez Velásquez, quien fungió como exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; Cervantes Suazo, exsubjefe de la institución castrense y Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales, fueron capturados este mismo día por equipos especializados de la Policía Nacional en diferentes puntos del territorio nacional.
Los tres exmilitares eran reclamados por el Ministerio Público "por suponerlos responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves" tras un ataque armado de militares contra manifestantes en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa el 5 de julio de 2009.
Los manifestantes esperaban el regreso de Zelaya desde Nicaragua tras haber sido sacado de su casa en Tegucigalpa en la madrugada del 28 de junio de ese año por unos 200 militares que lo esposaron y llevaron al aeropuerto, donde lo subieron a un avión rumbo a Costa Rica.
Días después estaba prevista su vuelta a Honduras, cuando "elementos de las Fuerzas Armadas" actuaron "de manera desproporcionada" y dispararon a los manifestantes con fusiles M16 de "manera indiscriminada", señaló el Ministerio Público en su requerimiento.
"Dichas acciones, que resultaron en muertes y graves lesiones, no fueron actos aislados, sino crímenes ejecutados por elementos de las Fuerzas Armadas bajo órdenes directas del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el subjefe y el director de Operaciones Especiales", enfatizó el Ministerio Público.
De acuerdo con el requerimiento fiscal (una acusación para que la justicia proceda contra los señalados), los exaltos oficiales de las Fuerzas Armadas, "responsables directos de comandar y planificar el operativo, no sólo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que, con pleno conocimiento de los hechos, permitieron y facilitaron esas atrocidades".
"Su negligencia e inacción configuraron graves violaciones a los derechos humanos, dejando a los manifestantes a merced de una fuerza militar que actuó con una violencia inhumana y desmedida", señaló el Ministerio Público.