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Un juez dictó este miércoles detención judicial al diputado del Partido Nacional (PN), Nelson Márquez, y otros cuatro imputados, acusados de integrar una red que defraudó al Estado por más de 3,084 millones de lempiras mediante demandas ilegales, contratos irregulares y laudos arbitrales sin validez legal.
Finalizada la audiencia de imputado, el togado notificó la decisión a los imputados Nelson Márquez, Eva María Vásquez Villanueva, Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala, todos acusados por el delito de fraude. Y Raymundo Gradiz, acusado por el delito de prevaricato judicial.
Todos deberán guardar prisión en la Penitenciaria Nacional de Támara, y la fémina en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), ambos centros en Francisco Morazán, a unos 30 kilómetros de Tegucigalpa.
Por su parte, el juez dictó medidas distintas a la detención judicial para Rafel Chávez Aguilar, por falsificación de documentos públicos.
De acuerdo con lo informado por el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, la defensa de los imputados solicitó al juez natural que sus representados pudieran ser recluidos en las instalaciones de la Policía Nacional ubicadas en la colonia La Cañada de Tegucigalpa, por motivos de seguridad.
Además, Silva indicó que la audiencia inicial quedó programada para el próximo martes 5 de agosto a las 2:00 de la tarde.
Presunto caso de fraude
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), con apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, presentó el martes 29 de julio un requerimiento fiscal contra exfuncionarios, jueces y abogados que, según las investigaciones, "se coludieron para saquear" al Estado durante más de dos décadas.
Entre los acusados por fraude figuran la exprocuradora general Lidia Estela Cardona; la excoordinadora del Gobierno Martha Doblado; la exdirectora legal de SEDECOAS Eva Vásquez; el apoderado legal de NAINSA Juan Fernando Madrid; el representante legal de DRC Inc. Murray Paul Farmer; y el abogado Caronte Rojas Zavala, miembro del tribunal arbitral en representación del Colegio de Abogados.
También fueron acusados los jueces Irissabel Lucía Miranda Hernández y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio por prevaricato judicial; el exfuncionario de la Procuraduría General Héctor Alvarado Mejía por uso de documento falso; y el receptor judicial Rafael Eduardo Chávez Aguilar por falsificación de documentos.
Un fraude que se originó tras el huracán Mitch
La red comenzó a operar en el año 2000, tras la emergencia provocada por el huracán Mitch, cuando el Estado adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., empresa no habilitada para operar en Honduras, por lo que subcontrató de forma irregular a NAINSA.
Según la Fiscalía, en 2001 el cooperante internacional que financiaba el proyecto canceló la ayuda debido a inconsistencias en el contrato. Años después, ambas empresas presentaron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral sin validez, nunca homologado por la Corte Suprema de Justicia.
Para sostener su estrategia, DRC Inc. y NAINSA firmaron un acuerdo confidencial en el que se comprometieron a no demandarse entre sí y simularon ser entidades independientes, aunque su actuar era coordinado con un solo fin: defraudar al Estado hondureño.
La red utilizó procesos arbitrales cargados de irregularidades, incluyendo escritos falsos; aplicación de un reglamento no publicado en La Gaceta para instaurar un arbitraje favorable; presidido por uno de los imputados, que concluyó con una condena millonaria contra el Estado hondureño.
Reiteración de demandas sobre la base de un laudo anulado
Aunque el laudo fue declarado nulo por resoluciones judiciales firmes en 2009 y 2013, NAINSA interpuso una nueva demanda en 2019 con base en ese mismo documento sin validez. La jueza Irissabel Miranda Hernández admitió nuevamente la demanda, reactivando un proceso legalmente concluido.
En enero de 2020, como parte del esquema fraudulento, Nelson Márquez —entonces secretario de SEDECOAS— remitió a la Procuraduría General un informe legal recomendando firmar un Acuerdo Ejecutivo para evitar una “erogación mayor”, pese a saber que el laudo no tenía validez jurídica.
Un mes después, SEDECOAS y NAINSA firmaron un convenio extrajudicial mediante el cual se pactaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales. Sin embargo, Márquez incumplió lo acordado, a pesar de que los presupuestos de 2020 y 2021 incluían partidas para cubrir la deuda.
Este incumplimiento derivó en una nueva demanda de ejecución forzosa, nuevamente admitida por la jueza Miranda. En 2022, el juez Gradiz Vilorio admitió otra demanda millonaria, pese a conocer la nulidad previa del laudo.
La investigación de la Uferco revela que los acusados "se beneficiaron directamente del dinero" obtenido a través de estas demandas irregulares. Parte de los fondos fue depositada en cuentas personales de los implicados y de familiares de altos funcionarios.
También se identificaron pagos de hipotecas y transferencias bancarias a personas sin vínculo legal con el caso, sin ninguna responsabilidad legal sobre los hechos.