En la resolución, el juez determinó medidas diferentes a la detención judicial para la acusada y programó la audiencia inicial para el próximo 4 de enero de 2024 a las 9:00 a. m.
La portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo, informó que la imputada se presentó de manera voluntaria al juzgado.
Las medidas impuestas por el juez incluyen la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse cada quince días para firmar en el juzgado, y quedar bajo el cuidado y vigilancia de su apoderado legal.
La acusación que realizó la Fiscalía incluye a siete personas: Sara Medina, Carlos Guevara, José Rogelio Sánchez García, Giovanni Castellanos Deras, Gladys Bernarda Casco, Miguel Ángel Gámez y Freddy Mondragón.
Tanto Sara Medina, Carlos Guevara y José Rogelio Sánchez García fueron capturados el pasado 13 de diciembre, cumplían detención judicial en las cárceles ubicadas en Támara, Francisco Morazán.
En el caso de Medina, se encontraba en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), mientras Guevara y Sánchez estaban en la Penitenciaría Nacional.
En la audiencia inicial se les dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva a los cuatro acusados.
Los hechos
Según los hechos, los individuos mencionados participaron como cooperadores necesarios en el delito de fraude, presuntamente conspirando para sustraer más de L42 millones de las arcas del Congreso Nacional.
La modalidad operativa se sospecha que fue a través de varias ONG, según la información proporcionada por la Fiscalía.
Los L42 millones se distribuyeron en 70 cheques y seis transferencias a favor de 56 beneficiarios, de los cuales un poco más de L19 millones se retiraron en efectivo sin que se identificara el destino.
Según los fiscales en la audiencia inicial, la ONG conocida como Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras no presentó informes de liquidación de los L42 millones.
La Fiscalía informó que las gestiones eran realizadas por diputados a través del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales mediante estas ONG.
No obstante, una vez realizados los desembolsos, los fondos eran transferidos de manera injustificada a las cuentas personales de los diputados que tramitaron los recursos, utilizándolos para propósitos distintos a los destinados originalmente.
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