El diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, se defenderá en libertad luego de permanecer cuatro meses, aproximadamente, bajo arresto domiciliario. El juez natural designado resolvió revocar la medida cautelar, permitiéndole al legislador recobrar su libertad mientras continúa el proceso judicial en su contra.

El abogado defensor, Dagoberto Aspra, explicó que la decisión se basó en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que la prisión preventiva no debe aplicarse de forma prolongada ni afectar el ejercicio de los derechos políticos.

"El arresto impedía al diputado cumplir con sus funciones constitucionales y su participación en el proceso electoral", refirió Aspra.

¿Qué fue lo que dijo el diputado Nelson Márquez en su traslado a Tamara?

El parlamentario nacionalista, al salir de la audiencia, agradeció a Dios, a su familia y al pueblo de Intibucá por las muestras de apoyo durante su proceso.

"Nunca hice nada malo ni toqué un centavo que no fuera mío. Mis manos están limpias. Esta libertad la usaré para seguir defendiendo la libertad del pueblo hondureño", expresó Márquez ante medios de comunicación.

Medidas impuestas a Nelson Márquez

De acuerdo con la resolución judicial, Márquez deberá presentarse una vez al mes ante el tribunal, no podrá salir del país y tendrá prohibido comunicarse con otros implicados, salvo por motivos de defensa.

Además, deberá presentar una caución hipotecaria como garantía del cumplimiento de las medidas.

El proceso judicial contra Márquez continúa abierto, y se espera que en los próximos días se programe la audiencia inicial para definir si enfrentará juicio formal.

Mientras tanto, el diputado afirmó que retomará sus labores en el Congreso Nacional y acompañará las acciones de su bancada en defensa de la democracia.

¿De qué acusan a Nelson Márquez?

El MP presentó un requerimiento fiscal contra una red de exfuncionarios, jueces y abogados acusados de defraudar al Estado de Honduras por más de 3,000 millones de lempiras mediante contratos irregulares, laudos arbitrales inválidos y procesos judiciales manipulados.

La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), con apoyo de la FETCCOP, identificó a los imputados como responsables de orquestar el fraude durante más de dos décadas, utilizando como base un contrato otorgado tras el huracán Mitch a la empresa DRC Inc., que no estaba habilitada para operar en el país.

Entre los acusados figuran Nelson Javier Márquez Euceda, actual diputado y exsecretario de Sedecoas; Martha Doblado Andara, excoordinadora general de Gobierno; Eva Vásquez, exdirectora legal de Sedecoas-FHIS; y los jueces Isabel Miranda Hernández y Raymundo Gradiz Viloria, entre otros.

Según la acusación, los involucrados promovieron demandas fraudulentas, falsificaron documentos, utilizaron reglamentos no publicados y simularon conflictos entre empresas para lograr pagos millonarios del Estado.

Asimismo, el Ministerio Público asegura que los imputados depositaron parte de los fondos en sus cuentas personales y en las de sus familiares.

La red también habría ocultado acuerdos confidenciales entre las empresas implicadas y presionado por pagos al margen de resoluciones judiciales firmes que ya habían declarado nulo el laudo arbitral en cuestión.