Ochoa había advertido que, si no se aprueba la Ley de Justicia Tributaria antes de junio de 2024, Honduras podría ser declarada como tal.

Pero Wilfredo Díaz aclaró que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no ha declarado a Honduras como una "guarida fiscal".

Más bien, indicó que la OCDE advirtió que "es esencial que Honduras promulgue la Ley de Justicia Tributaria y realice otras reformas antes de junio de 2024 para evitar impactos negativos en la revisión del país por parte de la OCDE".

A pesar de la necesidad de reformas planteadas por la OCDE, el economista destacó que esto no implica que Honduras se convierta en un "paraíso o guarida fiscal".

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Según Díaz, el índice global de paraísos fiscales corporativos (2021) muestra que, en América Latina, solo Panamá (38) y Costa Rica (41) figuran en el índice, con una influencia limitada.

Explicó que este índice clasifica a los países en función de la facilidad con la que permiten a las empresas multinacionales transferir beneficios fuera de los países en los que operan.

Díaz enfatizó la importancia de una reforma tributaria en Honduras, "argumentando que existen incentivos dispersos que permiten abusos" y que seguir estándares internacionales es esencial para otorgar ventajas.

Ley de Justicia Tributaria

La Ley de Justicia Tributaria propone la eliminación de 14 de los 16 regímenes de exoneración fiscal actualmente vigentes. Presentado por el Ejecutivo al Congreso Nacional en abril, la ley busca fortalecer las finanzas públicas y reducir la evasión fiscal.

Actualmente, la comisión encargada del proyecto está evaluando el dictamen del decreto.

No obstante, la propuesta ha generado controversias, especialmente entre empresas y sectores productivos, quienes argumentan que su aprobación podría desalentar inversiones extranjeras y nacionales, afectando la creación de empleo en el país.

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