Las declaraciones del dirigente empresarial llegan tres días después de que el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, y el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, socializaran el anteproyecto de decreto de la Ley de Justicia Tributaria.

Esta ley plantea la eliminación de 16 de 18 regímenes de exoneración fiscal, así como la clausura del Consejo Nacional de Inversiones (CNI) y la Superintendencia de Alianza Público Privada.

"Aplaudimos que se detengan los abusos, pero rechazamos que se haga a través de la destrucción del clima de negocios".

El Cohep ya ha planteado que "si ha habido abuso de las exoneraciones, se sancione a quienes las han cometido".

"Con nueva Ley de Justicia tributaria nadie va a querer invertir en el país, por lo que no habrá generación de trabajo y más pobreza", asentó el asesor legal del Cohep, Gustavo Solórzano.

Aspereza

Aunque Gobierno y sector privado se presentaron a dar una conferencia de prensa el miércoles, dando inicio a la socialización de la ley, la incomodidad por parte de Mateo Yibrín fue perceptible cuando terminó la reunión.

Las asperezas crecieron el jueves, cuando el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, calificó el planteamiento de las autoridades gubernamentales como "trasnochado" y "populista".

Y aún más el viernes, después de que la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, mostrara su preocupación ante la reforma tributaria.

"La mejor manera de movilizar más ingresos para el Gobierno es aumentando la actividad económica formal (…) los incentivos fiscales son esenciales para la creación de empleo", declaró la representante diplomática.

Ante ello, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, respondió: "la idea es democratizar los beneficios de la economía y pedimos la colaboración de los empresarios (…) tener un sistema fiscal más justo va a redundar en beneficios para todos".

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Según la postura del Gobierno, los regímenes de exoneración fiscal han representado privilegios fiscales que suman L451,415.3 millones entre 2009 y 2022. En el último año sumaron L57,000 millones, el 7% del Producto Interior Bruto (PIB).

Sin embargo, los analistas aseguran que las exoneraciones "no son malas, pero sí hay algunas que sólo han beneficiado a unos pocos" y que "sin las exoneraciones algunas inversiones se habrían ido a otros países".

Desde el Congreso Nacional las bancadas opositoras, representadas por el Partido Liberal y el Partido Nacional, han mostrado una postura más cercana al sector privado, frente a la posición que ha asumido el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

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