Un ejecutivo de ventas admitió el miércoles 3 de septiembre, en el segundo día del juicio contra el empresario de Georgia, Carl Zaglin, haber participado en un esquema de sobornos a funcionarios hondureños. 

El objetivo, dijo el testigo, era asegurar contratos de uniformes con la Policía Nacional de Honduras, que serían adquiridos con fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Esta información fue confirmada por el periodista Samuel Rubenfeld, quien cubre día a día el juicio en Estados Unidos.

La crónica de Rubenfeld detalla que el testigo fue Bryan Berkman, un hombre de Florida que trabajó en distintas ocasiones para Atlanco y para distribuidores de suministros tácticos.

Ante la corte, Berkman explicó cómo redactó acuerdos falsos, transfirió pagos ilegales y participó en negociaciones directas para cerrar el contrato.

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Confesión de Bryan Berkman en el juicio

Según lo narrado por Rubenfeld, Berkman relató que coordinó pagos de sobornos a un funcionario de compras hondureño, incluso en acuerdos menores relacionados con gas lacrimógeno y capas impermeables.

Explicó que el plan se ejecutó inicialmente con la participación de Bryan DeHart, expresidente de Atlanco que ya falleció, y de su padre, Luis Berkman, vicepresidente de ventas para Latinoamérica.

Al responder a los fiscales, Berkman subrayó que “cualquier asunto relacionado con dinero debía ser aprobado por Carl Zaglin”.

Contratos millonarios bajo la sombra de la corrupción

De acuerdo con el testimonio recogido por Rubenfeld, el contrato clave se firmó en junio de 2015 y tenía un valor de 4.8 millones de dólares.

Su aprobación pasó por una agencia de adquisiciones, el ministro de seguridad y, finalmente, el presidente de Honduras.

Para disimular, los involucrados utilizaron palabras clave como “comisiones” al hablar de los pagos ilegales.

Berkman afirmó que los sobornos fueron “fundamentales desde el inicio y durante las negociaciones”.

Una red de actores y gestores de corrupción

Rubenfeld en su reporte explica que Berkman viajó varias veces a Honduras en 2015 para cerrar acuerdos, acompañado de intermediarios locales.

Atlanco recurrió a Aldo Marchena, un gestor de patrimonios, para mover el dinero. Marchena, con lazos familiares con Berkman, se declaró culpable en junio por su papel en la operación.

Un segundo contrato, firmado a finales de 2016, también estuvo marcado por los mismos actores. Aunque Berkman aseguró que no participó directamente, afirmó que estaba al tanto de todo lo que ocurría.

Disputas en el contrainterrogatorio

La crónica de Rubenfeld también recogió el testimonio de Loren Simpson, expresidente de Tactical Products Group, quien describió a Berkman como “un vendedor muy joven”.

La defensa lo presionó duramente por no incluir a Zaglin en la mayoría de las comunicaciones, pese a señalar que estaba al tanto de los detalles.

La marca Tru-Spec, fabricada en Honduras, fue parte central de la estrategia de ventas: la Policía quería ropa utilizada por fuerzas del orden en Estados Unidos, lo que hacía a Atlanco una opción atractiva.

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Corrupción en el centro del caso

El periodista Samuel Rubenfeld recordó que a Berkman lo condenaron en 2021 por otro esquema de sobornos en Bolivia.

Esta vez, su declaración en la corte estadounidense puso en claro que los pagos ilegales eran, según sus propias palabras, la vía para asegurar contratos, hacerlos cumplir y abrir la puerta a futuros negocios.

El juicio contra Carl Zaglin avanza y revela cómo la corrupción funcionó como moneda de cambio en los contratos de uniformes para la Policía hondureña.