El crimen en América Latina y el Caribe (ALC) no solo se mide en estadísticas de homicidios y delitos reportados.
Su impacto trasciende las cifras, afectando profundamente la economía, el desarrollo humano y la estabilidad social de la región.
Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que el costo directo del crimen ascendió al 3,44% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022.
Esta alarmante cifra, que no muestra mejoría desde 2019, refleja la magnitud de un problema que drena recursos indispensables para el progreso.
Estos costos equivalen al 78% del presupuesto público destinado a la educación, un sector clave para el desarrollo económico y social.
En términos absolutos, el PIB de América Latina y el Caribe en 2022 se estimó en 6,34 billones de dólares, o aproximadamente 155,33 billones de lempiras, según el tipo de cambio promedio de ese año.
La inversión promedio en educación, calculada en 291,64 mil millones de dólares (alrededor de 7,15 billones de lempiras), es insuficiente para compensar el impacto del crimen, que redirige miles de millones de dólares hacia gastos en seguridad, reparación de daños y pérdida de capital humano.
Mientras los países de la región luchan por mejorar sus infraestructuras y fortalecer sus sistemas educativos, los recursos que podrían impulsar el desarrollo son absorbidos por las consecuencias de la violencia, dejando un vacío que frena el potencial económico y social de sus ciudadanos.
Enfoque para medir el costo del crimen
El informe del BID amplía y actualiza las estimaciones previas presentadas en 2017, utilizando una metodología mejorada para analizar el impacto económico del crimen.
El estudio incluye un cálculo detallado del costo en capital humano, basado en información demográfica local para estimar el valor presente de las pérdidas económicas derivadas de la muerte prematura de las víctimas de homicidios.
Además, el informe profundiza en los costos indirectos del crimen, como la disminución de la inversión, la caída en la productividad empresarial y el incremento de la migración.
Centroamérica y el Caribe, las regiones más golpeadas
El estudio destaca que los costos del crimen son desiguales entre las subregiones de ALC.
El Caribe encabezó la lista en 2022 con un 3,83% del PIB, seguido por Centroamérica con un 3,46%.
Estas cifras reflejan la vulnerabilidad de estas regiones, donde la falta de recursos para atender problemas estructurales se traduce en un círculo vicioso de inseguridad y pobreza.
Los costos privados, que incluyen el gasto en seguridad de empresas y hogares, representaron el 47% del total.
Por su parte, los costos públicos, como la inversión en sistemas de justicia y seguridad, sumaron un 31%, mientras que las pérdidas en capital humano representaron el 22% restante.
Efectos colaterales
El crimen no solo genera costos directos; sus efectos indirectos son igualmente devastadores.
Sectores clave como el turismo, vital para muchas economías de la región, sufren una contracción significativa debido a la inseguridad.
Según el BID, un aumento en la tasa de homicidios anticipa una caída en la llegada de turistas internacionales en los años siguientes.
Las empresas, por su parte, enfrentan reducciones de productividad de entre el 10% y el 35% cuando perciben el crimen como un obstáculo.
En países como Honduras y Guatemala, el aumento de homicidios en municipios específicos está directamente relacionado con el incremento de la migración, lo que debilita aún más el tejido social y económico.
¿Cómo romper el ciclo de la violencia?
El informe del BID refiere que combatir el crimen no solo requiere más recursos, sino también políticas públicas focalizadas y basadas en evidencia.
Las estrategias incluyen la prevención dirigida a grupos de alto riesgo, la mejora en la rehabilitación y reinserción social, y el fortalecimiento de la justicia penal para reducir homicidios.
Además, la cooperación internacional es clave para enfrentar dinámicas emergentes como el ciberdelito y la expansión del crimen organizado, que amenazan con agravar las desigualdades en la región.
Llamado a la acción
La región no puede permitirse seguir perdiendo miles de millones de dólares en un problema que, más allá de su costo económico, perpetúa la desigualdad y limita las oportunidades.
Mejorar la eficiencia del gasto en seguridad y priorizar estrategias sostenibles no es solo una opción, sino una necesidad.
Para liberar su verdadero potencial, América Latina y el Caribe deben abordar el crimen y la violencia como una prioridad estratégica.
De lo contrario señalan que el desarrollo sostenible e inclusivo seguirá siendo una meta lejana.
Reducir la violencia y la inseguridad es clave para construir un futuro en el que el potencial humano y económico de América Latina se libere.
