El Fondo Departamental otorgó la facultad a los diputados de administrar fondos públicos, la función legislativa sufrió una degeneración, al conceder una excesiva discrecionalidad a la presidencia del Congreso Nacional, de acuerdo a algunas organizaciones de la sociedad civil.
Así aprobaron recursos, asignaron proyectos, y proveyeron a los diputados "la posibilidad de ejecutar proyectos por altas sumas de dinero, sin que existieran controles o sanción alguna por el incumplimiento de las disposiciones legales", dice el informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), "Fondo Social Departamental del Congreso Nacional 2007 al 2018".
"Desde el año 2006 hasta el 2018, el Fondo Departamental en Honduras se asignó a través de disposiciones generales del presupuesto aprobadas por el Congreso Nacional. Este periodo ha sido marcado por la existencia de dos reglamentos de aplicación de los fondos", señala la ASJ.
Sin embargo, el año 2019 fue testigo de un cambio significativo con la aprobación de la Ley Especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos destinados a proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales.
Esta ley, lejos de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, ha sido considerada por algunos como una "lápida" que entorpece cualquier intento de responsabilizar a los diputados y entidades ejecutoras por posibles irregularidades en la gestión de los Fondos Departamentales.
Revive caso 'Red de Diputados'
Una nueva línea de investigación en el caso Red de Diputados, culminó la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco) y llevó a interponer un requerimiento fiscal para cinco exdiputados y dos particulares, de los cuáles han capturado tres.
Luis Javier Santos, coordinador de la UFERCO, dijo que continúan las investigaciones contra diputados.
"Los fondos que se desviaron por esa ONG y ascienden a L42 millones. El caso siempre ha estado en investigación, lo que no hemos tenido es el suficiente personal para sacar los casos de manera ágil, como lo exige la población", dijo el fiscal.
El caso Red de Diputados fue el primer caso de corrupción que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), presentó el 11 de diciembre del 2017, y que vinculó, por primera vez, a cinco diputados del Congreso Nacional.
Fue el primer paso para develar la forma cómo se desviaban los fondos y en la primera acusación se vinculó a los diputados Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, del Partido Vamos (Va, Movimiento Solidario).
Asimismo, contra Dennys Antonio Sánchez Fernández, del Partido Liberal (PL), y Eleazar Alexander Juárez Saravia, del Partido Libertad y Refundación, (LIBRE).
En diciembre de 2022, la Corte de Apelaciones Designada confirmó el auto de formal procesamiento en contra de los implicados en el caso “Red de Diputados” y resolvió decretar medidas de no salir del país y firmar en los juzgados cada 15 días.
En esta segunda fase de Red de Diputados se acusa a: Sara Ismela Medina Galo, Carlos Roberto Guevara Velásquez, Freddy Espinoza Mondragón, Miguel Ángel Gámez y Gladys Bernarda Casco Cruz, todos exdiputados por el Partido Nacional y a dos personas más: José Rogelio Sánchez García y Geovanny Castellanos Deras.
De ellos están capturados: Sara Medina, Carlos Roberto Guevara y Freddy Espinoza Mondragón, el resto está pendiente de ser capturados.
¿Cómo operaron?
Según el requerimiento fiscal, los diputados llevaban a cabo las gestiones a través del Fondo de Desarrollo Departamental, derogado en agosto de 2023, para la ejecución de proyectos sociales mediante varias ONG.
Sin embargo, una vez realizados los desembolsos, los fondos los transfirieron de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que gestionaron los recursos, así como a otras cuentas de otros legisladores y particulares, quienes los utilizaban para fines diferentes a los previamente designados.
Ese desvío de fondos según la Uferco lo hicieron a través de la ONG Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH), que la investigó el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), desde el mes de septiembre del 2013.
Desde ese año el TSC advertía de las inconsistencias en las operaciones de la ONG, aduciendo que, "no presentaban los registros contables de los ingresos y egresos provenientes del Fondo Departamental".
Además agrega: "la liquidación no contaba con la documentación contable suficiente y que el proyecto ejecutado no contaba con la evidencia fotográfica en tiempo real"
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), ha revelado datos alarmantes sobre estas asignaciones.
Opacidad
A lo largo de los años, se estima que se han asignado aproximadamente L.2,340 millones a los Fondos Departamentales.
A partir del 2013, la figura de estos fondos desapareció de las Disposiciones Generales de Presupuesto, aunque esto no significa que se haya dejado de erogar en este concepto.
Curiosamente, reaparece en las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2018, generando interrogantes sobre su gestión y asignación.
El análisis de la evolución de estas asignaciones revela un patrón de opacidad y falta de rendición de cuentas, especialmente con la eliminación aparente de la figura en 2013.
Una vez formalizado el presupuesto, la potestad y discrecionalidad de aprobar y otorgar los fondos ha recaído en la presidencia del Congreso.
Sin embargo, el titular del Ejecutivo también ha tenido injerencia, tal como se observó en el año 2018 cuando el expresidente Juan Orlando Hernández ordenó suspender los desembolsos del Fondo de Desarrollo Departamental como reacción al Caso “Red de Diputados”.
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