Una comitiva del Congreso Nacional de Honduras, encabezada por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, y miembros de la Comisión de Seguridad, viajará a El Salvador para conocer el funcionamiento de su sistema penitenciario y evaluar si el país puede implementar un modelo similar al Cecot para recluir a integrantes de estructuras criminales y terroristas.
El Cecot es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel de máxima seguridad ubicada en Tecoluca, El Salvador.
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La visita busca conocer las estrategias que ha aplicado el gobierno salvadoreño en materia de seguridad, orden público y fortalecimiento institucional, con el propósito de analizar qué medidas podrían adaptarse a la realidad hondureña.
"Hay que ir a conocer el sistema penitenciario, el sistema carcelario, cómo funciona; hay que conocer cómo funciona en materia de fortalecimiento institucional, cómo se han fortalecido las instituciones en materia de seguridad y orden público. Yo creo que esto no hay que verlo con malos ojos", expresó la diputada Sara Zavala.
El acercamiento con El Salvador se produce mientras Honduras impulsa nuevas medidas contra las estructuras criminales, entre ellas la creación de la Dirección Anti Maras y Pandillas (DAET) y la aprobación de reformas penales orientadas a combatir a estos grupos.
Modelo de Bukele no se podría implementar en Honduras
La iniciativa ha generado cuestionamientos por parte de sectores vinculados con la defensa de los derechos humanos, que advierten sobre los riesgos de intentar reproducir un modelo penitenciario sin considerar las diferencias jurídicas e institucionales entre ambas naciones.
El director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, cuestionó la capacidad de los políticos hondureños para desarrollar propuestas propias y consideró que la visita podría terminar en una copia de un sistema que no necesariamente funcionaría en el país.
"Como somos poco creativos, tenemos poca capacidad del análisis y políticos viejos, porque en el CN el que menos tiene son tres o cuatro legislaturas", manifestó.
Uno de los principales puntos de debate es la compatibilidad del modelo salvadoreño con la legislación hondureña, debido a que ambas naciones tienen disposiciones constitucionales y obligaciones jurídicas que deben respetarse al momento de implementar políticas de seguridad.
El artículo 87 de la Constitución de Honduras establece que las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social y dispone que se procurará la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Por ello, cualquier propuesta de reforma penitenciaria debe considerar los principios constitucionales que rigen el sistema nacional.
Asimismo, las garantías relacionadas con la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso representan límites que las autoridades hondureñas deben observar en la aplicación de medidas contra personas señaladas de pertenecer a organizaciones criminales.
Posibles consecuencias económicas
Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Leda Pagán, recordó que Honduras tiene compromisos internacionales que obligan al Estado a respetar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
La funcionaria advirtió que el incumplimiento de esas obligaciones puede derivar en condenas económicas para el país, recursos que, según señaló, podrían destinarse a atender necesidades de la población hondureña.
"Si los vulneramos, vienen sentencias pesadas de millones de lempiras que deberían de ser usados para la misma seguridad, salud y educación de la población hondureña y no para pagar temas que estamos obligados a cumplir", expresó.
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Por ahora, la visita de la comitiva legislativa permitirá conocer de primera mano el funcionamiento del sistema penitenciario de El Salvador, mientras queda pendiente determinar qué medidas podrían aplicarse en Honduras y bajo qué condiciones legales.
