Durante la emisión del foro 30/30 -conducido por el periodista Edgardo Melgar el domingo 11 de octubre-, se analizaron a fondo las reformas al Código Penal impulsadas para combatir a las maras y pandillas en el país.
Para debatir el tema estuvieron como invitados el comisario Cristian Nolasco, jefe de Operaciones de la Dirección de Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DAET); el diputado Marcos Paz; y los pastores Carlos Cerrato y Javier Hernández.
Por un lado, representantes de los estamentos de seguridad e inteligencia respaldaron el endurecimiento de las normas jurídicas para perseguir con mayor contundencia a los integrantes de las estructuras criminales.
Por otro lado, líderes comunitarios y religiosos advirtieron sobre los vacíos en materia de reinserción social para quienes han cumplido sus condenas.
El diálogo evidenció el marcado contraste entre las medidas de persecución penal vigentes y la urgencia de establecer mecanismos institucionales que permitan la verdadera rehabilitación de los exconvictos.
Reformas al Código Penal y tipificación como grupos terroristas
El comisario Nolasco, jefe de operaciones de la DAET, explicó que las reformas al Código Penal facultan a las autoridades a procesar a los integrantes de estructuras criminales bajo el delito de asociaciones terroristas.
Esta modificación permite efectuar capturas directas mediante análisis de inteligencia, matrices de asociación y evaluación de tatuajes, sin requerir una acusación previa por extorsión.
Lee también: CN busca reformas penales para impedir beneficios a condenados por terrorismo
En esa misma línea, el diputado Marcos Paz detalló el impacto de los paquetes legislativos remitidos al Congreso Nacional.
El legislador recordó que las normativas aprobadas declararon formalmente como grupos terroristas a la MS-13, la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo, otorgando amplias facultades a la Policía Nacional y a la Policía Militar en zonas vulnerables.
Esta denominación legal amplía las atribuciones de los organismos de inteligencia y defensa para realizar incautaciones, bloquear flujos financieros e intervenir operativamente contra estos grupos sin necesidad de dilaciones administrativas.
Para llevar estas reformas al plano operativo, las autoridades desplegaron el plan de seguridad conocido como Escudo de Honduras. Este esfuerzo interinstitucional involucra a la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público.
Mediante este operativo se ejecutan saturaciones territoriales, patrullajes intensivos, retenes y peritajes tácticos en zonas críticas del país. El objetivo central del operativo es desarticular la logística de las bandas, ejecutar órdenes de captura pendientes y debilitar las finanzas de las redes dedicadas al cobro de extorsiones y al tráfico ilícito.
Alertan sobre hostigamiento policial y falta de apoyo a rehabilitados
En contraposición, el pastor Carlos Cerrato, representante comunitario en Chamelecón, señaló los abusos que enfrentan los ciudadanos que han saldado sus deudas con la justicia y buscan reincorporarse a la sociedad.
El líder religioso expuso casos de constantes intimidaciones por parte de los cuerpos de seguridad hacia jóvenes convertidos a la fe evangélica.
Cerrato remarcó que las reformas al Código Penal resultan insuficientes si el Estado no garantiza un acompañamiento integral tras el cumplimiento de las penas.
A través de esfuerzos privados, su ministerio sostiene casas albergue y brinda empleo a más de 200 jóvenes rehabilitados, haciendo un llamado a implementar verdaderas políticas de rescate humano.
El desafío de equilibrar la seguridad con los derechos humanos
El intercambio puso de manifiesto el complejo dilema de combatir la delincuencia sin vulnerar las garantías individuales.
Mientras el sector gubernamental defiende la rigidez de las leyes penales como la vía principal para desarticular al crimen organizado, la sociedad civil demanda oportunidades laborales y educativas.
Especialistas coinciden en que la actualización del Código Penal debe ir acompañada de una estrategia de prevención.
Sin un plan nacional que combine la persecución del delito con la restauración social, las medidas puramente punitivas corren el riesgo de perpetuar la exclusión.
Relacionado con el tema: Operativo Escudo de Honduras: caen 'El Atrevido' y 'El Cachorro'
