En febrero de 2026 entró en vigencia el Decreto PCM No. 5-2026, una normativa con la que el Gobierno declaró estado de emergencia en el sistema de salud hondureño y puso en marcha un programa especial para reducir la mora quirúrgica, fortalecer los hospitales públicos y agilizar la atención de miles de pacientes que esperan una cirugía.
La ley autoriza a la Secretaría de Salud a realizar contrataciones especiales, establecer convenios con hospitales públicos y privados, adquirir medicamentos e insumos médicos, contratar personal sanitario y ejecutar mecanismos extraordinarios de financiamiento para enfrentar una de las principales crisis que afecta a la red hospitalaria nacional.
A casi seis meses de su aprobación, las autoridades aseguran que ya existen avances en la reducción de las listas de espera, mientras que sectores médicos y legislativos cuestionan la falta de información detallada sobre los recursos invertidos, el número real de pacientes beneficiados y el impacto del programa a nivel nacional.
¿Por qué se declaró emergencia en el sector salud?
El primer artículo del decreto establece que la emergencia sanitaria fue declarada debido a la precariedad de la atención integral que recibe la población hondureña.
La medida tiene una vigencia inicial de un año y puede ser prorrogada por el Congreso Nacional a solicitud del Poder Ejecutivo.
El decreto reconoce que la situación de los hospitales públicos requiere acciones urgentes para responder a la demanda de atención médica, especialmente en áreas donde existen largas listas de espera para procedimientos quirúrgicos.
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Las herramientas que autoriza el Decreto 5-2026
La legislación aprobada por el Congreso Nacional permite a la Secretaría de Salud implementar mecanismos excepcionales para acelerar la respuesta del sistema hospitalario.
Entre las principales facultades otorgadas se encuentran:
- Suscribir convenios con instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales.
- Contratar personal médico, de enfermería y administrativo.
- Comprar medicamentos, equipos e insumos médicos mediante procesos especiales.
- Realizar contrataciones directas en casos específicos.
- Ejecutar obras de mantenimiento y fortalecimiento hospitalario.
- Crear mecanismos financieros especiales para agilizar la ejecución de recursos.
Uno de los aspectos más importantes de la normativa es que permite establecer alianzas con hospitales privados para atender pacientes que permanecen en listas de espera.
Además, ordena la presentación de informes periódicos sobre el número de cirugías realizadas, el abastecimiento hospitalario y los tiempos de espera de los pacientes.
El fideicomiso para acelerar cirugías
La ley también autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir un fideicomiso con una institución bancaria nacional.
Según el decreto, este mecanismo busca agilizar procesos relacionados con:
- Reducción de la mora quirúrgica.
- Compra de medicamentos.
- Adquisición de equipos médicos.
- Equipamiento hospitalario.
- Mantenimiento de centros asistenciales.
La intención es evitar retrasos administrativos y acelerar la ejecución de recursos destinados a la atención de pacientes.
¿Qué resultados reporta la Secretaría de Salud?
Hasta ahora, uno de los principales resultados divulgados por las autoridades corresponde al Hospital General San Felipe.
Según datos de la Secretaría de Salud, el centro asistencial ha realizado más de 1,800 cirugías mayores en apenas ocho semanas hábiles como parte de las acciones orientadas a disminuir las listas de espera.
Las autoridades también reportan:
- Siete brigadas médicas desarrolladas.
- Avances en las áreas de oftalmología, otorrinolaringología y cirugía general.
- 125 pacientes beneficiados recientemente con cirugías de cataratas y corrección de estrabismo.
- Una proyección de 450 procedimientos adicionales entre una semana y otra.
La Secretaría de Salud sostiene que estos resultados reflejan el esfuerzo conjunto del personal médico, de enfermería, técnicos y trabajadores administrativos para brindar una atención más rápida y eficiente.
¿Es suficiente para hablar de una reducción nacional?
Aunque las cifras divulgadas muestran actividad quirúrgica importante en el Hospital San Felipe, todavía existe incertidumbre sobre el impacto global del programa a nivel nacional.
Las autoridades sanitarias no han presentado públicamente una cifra consolidada que permita conocer cuántos pacientes permanecían originalmente en mora quirúrgica y cuántos han sido intervenidos desde la entrada en vigencia del decreto.
Tampoco se ha detallado públicamente el comportamiento de las listas de espera en todos los hospitales del país.
Esto dificulta medir con precisión si la estrategia está logrando una reducción significativa de la mora quirúrgica nacional.
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Las dudas planteadas por otros sectores
El programa también ha generado cuestionamientos desde distintos sectores relacionados con la salud.
Uno de ellos es el médico y diputado del Congreso Nacional, Carlos Umaña, quien considera que los resultados presentados hasta ahora no permiten concluir que exista una reducción sostenida y significativa de la mora quirúrgica.
Según Umaña, el proyecto fue respaldado por diversas bancadas cuando fue aprobado en el Congreso Nacional, precisamente porque se esperaba una mejora importante en la atención hospitalaria.
No obstante, sostiene que aún existe falta de información sobre aspectos fundamentales del programa.
¿Qué información solicitan?
Entre los principales cuestionamientos planteados por el congresista se encuentran:
- ¿Cuánto ha costado cada cirugía realizada mediante contratación privada?
- ¿Cuántas cirugías se han efectuado en hospitales públicos?
- ¿Cuántos quirófanos han sido repotenciados o habilitados?
- ¿Cuántos médicos y profesionales de salud han sido contratados?
- ¿Cuál es el nivel real de reducción de las listas de espera?
Asimismo, señala que parte de esta información debería ser remitida al Congreso Nacional para efectos de supervisión y evaluación.
Transparencia y rendición de cuentas
El propio Decreto 5-2026 establece mecanismos de control y fiscalización.
La normativa ordena que los contratos sean remitidos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Congreso Nacional para procesos de auditoría.
También exige informes periódicos sobre la ejecución de recursos y los resultados obtenidos.
Especialistas consideran que la publicación de estos datos será determinante para evaluar el éxito o fracaso del programa.
Más allá del número de cirugías realizadas, la ciudadanía espera conocer cuánto dinero se ha invertido, cuántos pacientes han salido efectivamente de las listas de espera y cuál ha sido el impacto real en los hospitales públicos.
Tunota.com buscó la versión del Gobierno
Hasta el cierre de esta publicación, tunota.com intentó obtener información de representantes del Gobierno para contratar las versiones no oficialistas, obtener detalles sobre la ejecución del programa y la administración de los recursos utilizados en el programa.
Sin embargo, no se obtuvo respuesta.
