La Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial ya entró oficialmente en vigor tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, dando paso a los primeros operativos de desalojo en zonas cañeras del departamento de Choluteca.
Las autoridades sostienen que la normativa busca brindar seguridad jurídica a los productores, proteger la infraestructura estratégica del país y garantizar el libre tránsito de mercancías, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que su aplicación podría incrementar la conflictividad agraria.
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Primeros desalojos tras entrada en vigencia de la ley
Con la publicación del decreto, las instituciones del Estado comenzaron a ejecutar las primeras acciones contempladas en la normativa.
Uno de los primeros operativos se desarrolló en áreas cañeras de Choluteca, donde las autoridades iniciaron desalojos en respuesta a denuncias relacionadas con ocupaciones de tierras.
El director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, señaló que todos los funcionarios deberán cumplir lo establecido en la nueva legislación.
"Tenemos que hacer lo que corresponde a cada quien porque hay hasta responsabilidad de cualquier funcionario que no haga las cosas por diligencia o por cualquier otra situación. El mismo decreto ya establece las sanciones que se le pueden aplicar", expresó.
¿Qué establece la nueva normativa?
La ley tiene como propósito fortalecer la protección de los pequeños y medianos productores, la agroindustria, la ganadería, los proyectos turísticos y energéticos, así como la infraestructura considerada estratégica para el desarrollo del país.
Además, ordena garantizar el libre tránsito de productos perecederos y faculta a las autoridades para ejecutar desalojos inmediatos cuando existan denuncias de invasión de propiedades protegidas por la normativa.
Según el Gobierno, estas medidas buscan reducir las pérdidas económicas derivadas de tomas de tierras y bloqueos que afectan la producción nacional.
Policía destaca protección para bienes públicos y privados
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, afirmó que la nueva legislación también permitirá prevenir daños durante manifestaciones o tomas de carreteras.
"Al final, circunstancias propias de una toma o una manifestación en la vía pública pueden causar daños irreversibles, y esta nueva normativa tiende a tener un margen de protección", manifestó.
Las autoridades también aclararon que la aplicación de la ley no se limitará únicamente a las zonas rurales, sino que podrá extenderse a sectores urbanos cuando corresponda.
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CESPAD advierte sobre posibles conflictos
Desde la sociedad civil, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) cuestionó la aprobación de la normativa al considerar que no aborda las causas estructurales de los conflictos por la tierra en Honduras.
El director del organismo, Gustavo Irías, advirtió que la implementación de la ley podría aumentar la tensión en regiones donde históricamente han existido disputas agrarias.
"Uno de los posibles escenarios es que esto se exprese en una matanza, especialmente en la zona del litoral Atlántico. Hay que destacar que ahí tenemos el conflicto del Bajo Aguán, el conflicto agrario más sangriento", señaló.
Asimismo, el CESPAD alertó que la aplicación de la ley podría generar cuestionamientos por parte de organismos internacionales debido al manejo de los conflictos relacionados con la propiedad de la tierra.
Funcionarios podrían enfrentar sanciones
El decreto establece que los funcionarios públicos que retrasen, omitan o se nieguen a ejecutar las disposiciones contempladas en la ley podrán enfrentar responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales.
Con la entrada en vigencia de esta legislación, el Gobierno busca fortalecer la seguridad jurídica en el sector productivo, mientras distintos sectores continúan debatiendo el impacto que tendrá sobre los conflictos agrarios y el respeto a los derechos de las comunidades involucradas.
