En el programa Frente a Frente de este 15 de junio, se abordó el tema: ¿La nueva "Ley para el fortalecimiento y proyección del sector agroindustrial" fortalece la seguridad jurídica para producir y generar empleo, o corre el riesgo de profundizar los conflictos históricos por la tierra?
Bajo la conducción de Renato Álvarez, los panelistas analizaron la reforma que busca dar una respuesta contundente a la usurpación de propiedades en sectores estratégicos como el agroindustrial, energético, turístico y ganadero.
Para profundizar en el análisis, el foro contó con la participación del abogado Marcos Paz, diputado del Partido Nacional; Javier Talavera, director del Instituto Nacional Agrario (INA); Marlon Duarte, abogado penalista, y Julio Raudales, economista y académico.
Los invitados contrastaron sus visiones sobre la efectividad de la ley para atraer inversión frente a la complejidad de la mora judicial y los derechos agrarios del campesinado.
Certeza jurídica y el fin de las invasiones por la fuerza
El abogado Marcos Paz sostuvo que el objetivo central de la ley es "tener certeza que va a haber seguridad jurídica en nuestro país". Explicó que la reforma introduce un cambio radical: ahora, quien crea tener derecho sobre una tierra debe "agotar el trámite legal antes de poder invadir", pues de lo contrario "inmediatamente va a ser desalojado".
Paz enfatizó que esta medida busca detener la pérdida anual de 250 millones de dólares y hasta 40,000 empleos a causa de la invasión de tierras, haciendo una clara diferencia entre el "verdadero campesino" de las "estructuras criminales" que usurpan tierras en producción.
Certeza jurídica y el principio de legalidad
Por su parte, Julio Raudales enfocó su postura en la devastadora imagen de Honduras ante los inversionistas. Relató una anécdota sobre un colega canadiense que advertía a otros: "En Honduras lo único que vos tenés seguro es que vas a perder tu dinero", calificando esto como una "bofetada" a la realidad nacional.
Raudales argumentó que el Estado debe ejercer el "monopolio de la fuerza" para garantizar los derechos de todos, señalando que la inseguridad jurídica es el principal lastre que mantiene al país en un crecimiento económico "mediocre" del 3% o 4%.
¿Nueva ley evitará invasiones o agudizará conflictos por la tierra?
Javier Talavera sostuvo que los "Artículo 321 - 323 de la Constitución establece el principio de legalidad", lo que implica que no tienen más facultades que las conferidas por la ley. Bajo esta premisa, afirmó que quien pretenda un derecho sobre la tierra debe agotar el trámite legal, pues de lo contrario "inmediatamente va a ser desalojado".
Garantías para la industria y el estado de derecho
Finalmente, la postura del abogado Marlon Duarte (mencionada y reforzada durante el debate) subrayó la necesidad de que el Estado no se limite solo al agro, sino que garantice la seguridad en toda la industria y la propiedad particular.
Duarte insistió en que: "Lo que hace la ley es fortalecer y darle un espaldarazo al Poder Judicial, es decir, señores, yo voy a cumplir la ley", en referencia a la protección de la propiedad privada, ya que sin esta garantía difícilmente llegará capital extranjero al país.
El debate concluyó resaltando que la ley busca sancionar incluso a los funcionarios que retrasen los desalojos, estableciendo que el dueño legítimo será siempre quien posea la última escritura pública registrada.
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