El debate de este miércoles 19 de agosto en Frente a Frente giró en torno a una red de corrupción que habría drenado millones de lempiras de las arcas municipales mediante embargos judiciales irregulares en Olancho y Choluteca, involucrando expedientes falsificados y documentos inexistentes.
La discusión surgió luego de que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectara irregularidades con indicios de responsabilidad penal en 13 expedientes de demandas laborales contra la municipalidad de Choluteca, que derivaron en embargos por más de 32.5 millones de lempiras contra fondos de la Cuenta Única del Estado.
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Para analizar este complejo entramado, el programa contó con la participación de Ana Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras; Luis Urbina, abogado penalista; Hermes Ramírez, doctor en derecho penal; y una intervención vía Zoom de Juan Carlos Molina, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).
Justicia bajo sospecha: el saqueo de los fondos municipales
El informe del TSC detectó 40 expedientes sospechosos que involucran más de 950 millones de lempiras.
Lo más alarmante es que en Choluteca se detectaron documentos que permitieron embargar 32.5 millones de lempiras de la Cuenta Única del Estado sin respaldo legal, utilizando exhortos desconocidos por los propios juzgados emisores. El dinero terminó en cheques de caja a favor de abogados particulares.
Entre la buena fe y la debilidad del sistema
La magistrada Cardona explicó el procedimiento técnico de los embargos y exhortos, señalando que los jueces a menudo actúan bajo el principio de auxilio judicial sin tener acceso al expediente original.
Su postura se centró en defender la institucionalidad, sugiriendo que el sistema pudo ser engañado o que existen fallas en la cadena de comunicación.
"Difícilmente un juez va a decir que algo es falso si viene de un juzgado ( ... ) que en el entenderíamos en principio que no hay ninguna anomalía en la tramitación", sostuvo Cardona al explicar por qué los magistrados ejecutan órdenes que vienen de otras jurisdicciones.
No obstante, reconoció que la falta de digitalización y de un sistema aleatorio de asignación de casos facilita la manipulación.
Expedientes inexistentes
El abogado Urbina presentó una visión mucho más crítica y técnica sobre los hallazgos penales. Según Urbina, de los 40 casos, hay 13 expedientes con indicios de responsabilidad penal, incluyendo seis que simplemente no existen en los libros de los juzgados.
"Hay seis expedientes directamente que vemos que no corresponden a una demanda un proceso que está incuado en contra del Estado de Honduras ( ... ) eso es algo totalmente grave ilusorio", denunció Urbina.
Para él, el reto ahora recae sobre un Ministerio Público que, según su criterio, ha sido lento en actuar a pesar de denuncias previas de los propios jueces.
Un drenaje sistemático del estado
El doctor Ramírez calificó la situación como una "señal de alerta" sobre la falta de mecanismos de trazabilidad digital. Su enfoque se centró en la criminalidad organizada de "cuello blanco" y en cómo la irresponsabilidad administrativa de los funcionarios municipales alimenta estos procesos judiciales.
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"Estos son mecanismos de robotizados son mecanismos donde lo que usted estudió en la universidad le sirve para aprender a robar realmente", afirmó Ramírez, sugiriendo que se trata de redes especializadas que conocen perfectamente los vacíos legales del Estado.
Ramírez contrastó la lentitud de la justicia con la agilidad de estas redes para cobrar cheques de caja antes de que el Estado pueda reaccionar.
El impacto de los embargos en las municipalidades
Desde la AMHON, Molina defendió la necesidad de proteger a los municipios de embargos que confiscan el 100% de las transferencias, dejando a las comunidades sin servicios básicos. Destacó que ya se logró un decreto para limitar estos embargos al 30% de las transferencias.
"No podemos crucificar un municipio cuando se le embarga todas sus transferencias deja sin salario a los empleados deja sin atender a la niñez de ese municipio", manifestó Molina, quien aseguró que están capacitando a los alcaldes para realizar despidos bajo ley y evitar demandas millonarias.
Vea el programa completo:
