Actualmente las autoridades de seguridad de Honduras se debaten entre declarar estado de excepción focalizada en los 30 municipios con mayores índices de violencia o apostar por 'intervenciones quirúrgicas' de investigación sin suspender garantías constitucionales.
En el foro televisivo Frente a Frente de este miércoles 16 de septiembre de 2026 se contrastaron las visiones de la cúpula policial frente a las reservas del secretario de Defensa, las críticas de la oposición política y las severas limitaciones del circuito de justicia penal.
La emisión contó con la presencia en el set de los tres principales mandos de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional: el titular de Seguridad, comisionado Gerzon Velázquez; el director general de la Policía Nacional, comisionado Rigoberto Oseguera Mass y el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rolando Ponce Canales.
Excepcionalidad focalizada y la intervención quirúrgica
El secretario de Defensa, Enrique Bucher, manifestó públicamente sus reservas sobre resucitar el estado de excepción que se aplicó durante la administración anterior, argumentando que se requieren acciones dirigidas exclusivamente contra los criminales.
"Tengo mi reserva con los estados de excepción. En el Gobierno pasado estuvimos casi cuatro años en periodo de excepción y creo que fue muy poco lo que se encaminó. Yo soy propenso a realizar acciones más quirúrgicas que vayan directamente al delincuente sin estropear la vida del ciudadano común", aseveró Bucher.
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Ante estos cuestionamientos, los tres invitados fundamentaron sus posiciones técnicas y operativas para justificar por qué consideran indispensable la aprobación de un marco legal extraordinario para microterritorios específicos.
El secretario de Seguridad, Gerzon Velázquez, argumentó que las herramientas normales del derecho resultan insuficientes para desarticular a grupos que mantienen santuarios del delito en colonias como la Villa Nueva o la San Miguel, de la capital.
Aclaró que la propuesta gubernamental no busca un estado de excepción masivo ni indefinido, sino restringido a dos garantías constitucionales en sectores previamente intervenido.
"La propuesta no es que se suspendan todos los derechos constitucionales como se hacia en el antiguo estado de excepción ( ... ) Exclusivamente la propuesta es de dos derechos que es el derecho a la inviolabilidad del domicilio en un pequeño territorio, o sea, poder hacer allanamientos sin una orden judicial y segundo, el arresto sin una orden de captura", dijo.
Rolando Ponce Canales: el rigor de la prueba y la denuncia de impunidad
El director de la DPI, Rolando Ponce Canales, defendió el trabajo técnico de la policía de investigación y rechazó que las actuaciones se realicen de forma empírica o con el fin de atropellar a los ciudadanos honrados.
Ponce Canales enfatizó que la Policía no investiga para construir culpables, sino para capturar a los verdaderos responsables mediante inteligencia criminal y evidencia biológica o balística.
"La Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Policial no investiga para construir culpables, investiga para capturar a responsables y decirles a toda la población que el que no comete delito no va a tener problema", enfatizó el director de la DPI, Rolando Ponce Canales.
Un Código Penal "regalón"
Uno de los momentos de mayor impacto en el debate se produjo cuando el director de la DPI cuestionó con dureza la levedad de las sanciones contempladas en la legislación penal hondureña en comparación con otros países de la región.
"Ese Código Penal está muy regalón y lo digo así porque soy abogado... El secuestro actualmente está penado de 8 a 12 años. Vámonos al Código Penal de Colombia: de 27 a 40 años. Con una pena alta no va a suceder lo que se llama la reincidencia habitual", sentenció el director de la DPI, Rolando Ponce Canales.
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A esta debilidad punitiva se suma la preocupante escasez de recursos humanos en el Ministerio Público.
El comisionado Ponce Canales y el secretario Velázquez revelaron que la fiscalía sufrió una drástica reducción en su personal de persecución penal, pasando de 900 a apenas 700 fiscales a nivel nacional.
Esta carencia provoca que las acusaciones presentadas en las regionales rurales o durante horarios nocturnos carezcan del respaldo fiscal necesario para evitar la impunidad de las estructuras delictivas.
Arrestos no serán al azar, sino con pruebas
Finalmente, los jefes policiales marcaron una distancia categórica entre la propuesta hondureña y las capturas masivas ejecutadas en El Salvador bajo la administración de Nayib Bukele.
El secretario de Seguridad aclaró que en Honduras no se arrestará a ciudadanos de forma indiscriminada únicamente por portar tatuajes o residir en zonas conflictivas, sino que cada caso requerirá individualización científica del delito.
"La investigación del crimen requiere de pescar con caña y no con red. En el buen entender, nosotros tenemos que individualizar a cada sujeto para que este sea procesado y le probemos la participación en determinado delito", concluyó el secretario de seguridad, Gerson Velázquez.
Los tres comisionados garantizaron que el estado de excepción focalizado solicitará únicamente la suspensión de la inviolabilidad del domicilio para allanamientos con convalidación judicial posterior y la extensión del tiempo de detención preventiva, asegurando un trabajo respetuoso de los derechos humanos y enfocado en desmantelar las 30 zonas más calientes del territorio nacional.
