En medio de las 18 masacres que dejan al menos 84 personas muertas en lo que va de 2026, el secretario de Seguridad, Gerzón Velásquez, dejó abierta la posibilidad de que el estado de excepción vuelva a aplicarse en Honduras, aunque aclaró que no sería de forma generalizada, sino únicamente en territorios focalizados donde se registren hechos de violencia extrema.
El funcionario subrayó que la medida continúa siendo una herramienta legal vigente en el ordenamiento jurídico del país. "El estado de excepción sigue siendo una medida que está en la ley y en la Constitución de la República", expresó.
No obstante, el titular de Seguridad fue enfático en que la postura del Ejecutivo es no implementarlo de forma inmediata ni de manera general, sino únicamente activarlo en circunstancias puntuales, en caso de que se repitieran hechos como el ocurrido en la aldea Rigores, en Trujillo, Colón, donde una masacre dejó 21 personas muertas en mayo.
"Quizás si en algún momento ocurran algunas circunstancias puntuales en las cuales tengamos, como en el caso del Bajo Aguán, donde ocurrió esa lamentable muerte múltiple, volver a implementarlo se va a hacer", señaló.
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De esa manera, Velásquez reiteró que la medida no está descartada, pero sí condicionada a zonas específicas. "Se descarta de hacerlo de manera nacional, pero es una medida que está en la ley y que se puede implementar en territorios focalizados".
Fin del estado de excepción en Honduras
El estado de excepción llegó a su fin en enero de 2026, tras permanecer vigente desde diciembre de 2022, cuando fue implementado por el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro con el objetivo inicial de combatir la extorsión. Posteriormente, la medida amplió su alcance para enfrentar otros delitos relacionados con el crimen organizado.
Durante su vigencia, la suspensión parcial de garantías constitucionales llegó a aplicarse en 226 de los 298 municipios del país.
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Las autoridades del gobierno anterior defendieron la estrategia al asegurar que formó parte de un conjunto de acciones que permitió reducir la tasa de homicidios de 43 por cada 100,000 habitantes en 2022 a 23 en 2025.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores críticos cuestionaron la medida al considerar que fue renovada en 26 ocasiones, en su mayoría sin ratificación del Congreso Nacional, no logró frenar de forma efectiva la extorsión y que dio lugar a denuncias por presuntas violaciones a derechos fundamentales.
Violencia contra las mujeres
El titular de Seguridad, Gerzón Velásquez, también se refirió a las muertes violentas de mujeres y los feminicidios en Honduras, que en los primeros seis meses de 2026 superan las 130 víctimas, y calificó la situación como un "gran desafío" para la sociedad hondureña.
El funcionario indicó que existen dos factores principales detrás de esta problemática.
"Una es el tema de la cultura de nuestra ciudadanía en relación a los delitos de violencia intrafamiliar, de violencia de género, pero también por participación activa de la mujer en eventos criminales", afirmó.
Según una alerta del Observatorio de la Violencia de la UNAH, las mujeres están siendo reclutadas para el transporte de sustancias ilícitas. En muchos casos, las relaciones sentimentales, las amenazas o las necesidades económicas se convierten en una puerta de entrada al crimen.
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