La investigación sobre presuntas irregularidades en instituciones públicas durante la administración anterior avanza hacia una nueva etapa. El Ministerio Público ya solicitó documentación a la comisión técnica liquidadora para identificar las funciones que desempeñaban varios exfuncionarios y exempleados señalados en las denuncias.

Ángel Mendoza, coordinador de la comisión liquidadora, confirmó en el noticiero TN5 Matutino, que las autoridades requieren acuerdos de nombramiento y otros documentos que permitan establecer quiénes tenían responsabilidades en el manejo de fondos públicos y determinar si existen elementos para deducir responsabilidades penales.

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El Ministerio Público deberán establecer si existieron responsabilidades civiles. Foto: Cortesía

El funcionario adelantó que las investigaciones abarcan varias instituciones, entre ellas Red Solidaria, Proasol y Planificación Estratégica. Además, señaló que esperan que el Ministerio Público continúe con las diligencias y pueda presentar requerimientos fiscales si encuentra suficientes elementos.

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Investigaciones por presunta corrupción y manejo de fondos públicos

Mendoza explicó que la comisión remitió diferentes hallazgos a las instituciones competentes, luego de revisar la documentación entregada por administradores y jefes de recursos humanos y bienes de las dependencias liquidadas.

"Al momento de realizar un estudio, determinado hallazgo se remitió a la autoridad competente para que hagan las investigaciones", manifestó.

Asimismo, indicó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público deberán establecer si existieron responsabilidades civiles, administrativas o penales en las actuaciones de los antiguos funcionarios.

Denuncias por contrataciones y financiamiento bajo investigación

Entre las denuncias figuran presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones de consultores y pagos por servicios, cuya justificación y resultados deberán ser examinados por las autoridades.

El coordinador también mencionó investigaciones vinculadas con Fosovi, Convivienda y cajas rurales que habrían recibido financiamiento durante la administración anterior.

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Red Solidaria, Proasol y Planificación Estratégica están bajo investigación. Imagen creada con IA.

"El Ministerio Público tiene mucha tarea por hacer", expresó Mendoza, al señalar que uno de los objetivos es esclarecer el uso de los recursos públicos y determinar si corresponde recuperar fondos que, según las denuncias, habrían sido utilizados de manera irregular.

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