En audiencia de declaración de imputados en el Juzgado Penal en Materia de Corrupción, de Tegucigalpa, se dictó este miércoles medidas distintas a la detención judicial para cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Salud señalados en la defraudación por 7 millones 885 mil 450 lempiras.
Los imputados en audiencia son los empresarios Luis Zelaya y Cristian Sánchez; la excoordinadora de la Unidad de Información, Lolita Cordero y la exdirectora del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Glady Paz.
Al respecto, a Zelaya se le acusa de cooperador necesario por cinco delitos de fraude y Sánchez por suponerlo cooperador necesario por el delito de fraude.
Asimismo, a Cordero imputada de cooperador necesario por ocho delitos de fraude y ocho de violación de los deberes de los funcionarios y Díaz por nueve delitos de fraude.
Debido a una solicitud de reprogramación por parte de una de las defensas aún está pendiente la fijación de fecha para la audiencia inicial en dicha causa.
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Otros implicados
Por el mismo caso, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) acusa a la exministra de Salud, Yolany Batres, el exadministrador de la Dirección del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Benelio Alvarado Membreño y el empresario Héctor Rolando Figueroa Fúnez.
Sobre estos tres implicados recaen órdenes de captura para cada uno, además para la exsecretaria se solicitó una alerta roja internacional, ya que se encuentra fuera del país, aunque sus apoderados legales confirmaron que colaborará con las autoridades.
Acusación
El Ministerio Público presume que los siete señalados defraudaron al Estado hondureños por más de L 7.8 millones entre marzo y septiembre de 2014 en la "adjudicación irregular y fraudulenta de nueve contratos de consultorías y diseños de software orientados a la automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y control del Marco Normativo en Salud".
Las contrataciones violaron la ley y disposiciones de presupuesto, buscando favorecer a personas y empresas con procesos directos, así lo establecen las investigaciones.
"Se incorporó información falsa en torno a empresas que nunca participaron como oferentes, tratando de dar una apariencia que habían cotizado varias empresas a fin de obtener la oferta más favorable a la administración pública", señaló la Fiscalía.
Finalmente, se determinó que el software nunca fue entregado y la sobrevaloración del mismo es de un 90 por ciento aproximadamente.
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