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Diversas reacciones se han generado en el país luego de que el Ministerio Público (MP) promoviera un antejuicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, por el presunto delito de prevaricato judicial, al emitir resoluciones que, según la Fiscalía, violentan la Ley Electoral y la Constitución de la República.
La acción fue presentada por la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), alegando que ambos magistrados habrían ordenado al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados sin la participación del tercer miembro del pleno del TJE, lo que el Ministerio Público considera una decisión contraria a derecho.
“Estamos frente a una ruptura institucional muy grave”
El abogado Oliver Erazo reaccionó en entrevista con TN5 Matutino, calificando la decisión del Ministerio Público como una ruptura institucional que trasciende las fronteras nacionales. “Estamos frente, realmente, a una ruptura institucional muy grave".
"El gobierno del Estado de Honduras, a través del Ministerio Público, del consejero Marlon Ochoa y del magistrado Mario Morazán, están siendo instrumentalizados. Están violentando el principio de democracia representativa, uno de los pilares de la Carta de la OEA”, advirtió.
Erazo pidió la intervención inmediata de la Organización de Estados Americanos (OEA), argumentando que el caso ya constituye materia internacional.
“La OEA está en la obligación de intervenir antes de que esto se traduzca en violaciones graves a los derechos humanos. La violación al principio de democracia representativa es frontal, actual e inminente”, remarcó el jurista.
“Un antejuicio descabellado e improcedente”
Por su parte, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos calificó como “descabellada e improcedente” la solicitud presentada por la Fiscalía. En declaraciones a medios, el jurista sostuvo que los magistrados Flores y Barahona actuaron conforme al marco legal.
“No le encuentro ni pies ni cabeza a este antejuicio. Ya se estableció que el magistrado Mario Morazán se negó reiteradamente a comparecer al pleno. La ley es clara: los órganos colegiados sesionan con quórum de la mitad más uno”, explicó.
Barrientos citó el artículo 112 de la Ley de la Administración Pública, que regula el principio de quórum y se aplica a todos los órganos colegiados del Estado. “Así funciona el Congreso Nacional y cualquier tribunal en el mundo. El TJE no puede ser la excepción”, insistió.
El abogado también criticó la actuación del Ministerio Público, señalando que se ha extralimitado en sus funciones.
“El fiscal general no puede darle órdenes a la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público no es un tribunal y no puede determinar qué es contrario a la ley; eso le corresponde a un juez”, enfatizó.
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Fiscalía señala decisiones al margen de la ley
Según el comunicado oficial del Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre el 27 y 28 de octubre de 2025, cuando los magistrados resolvieron una recusación sin cumplir los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica y Procesal Electoral.
El MP sostiene que los funcionarios omitieron conformar el quórum necesario y convocar a un magistrado suplente, como exige la normativa, resolviendo por su cuenta un expediente que debía suspenderse temporalmente.
La acción ha abierto un nuevo capítulo de tensión política y jurídica en medio del proceso electoral, mientras analistas advierten que el conflicto entre el TJE y la Fiscalía podría profundizar la desconfianza institucional a menos de un mes de los comicios.
Por su parte, el magistrado Flores Urrutia ha calificado estas acciones del Ministerio Público como una intimidación política y reiteró que la inscripción de los candidatos —uno de ellos, el diputado Jorge Cálix, como aspirante por el departamento de Olancho— fue realizada estrictamente apegada a derecho.
VEA: MP solicita antejuicio contra magistrados del TJE por prevaricato judicial