El Consejo de Ministros aprobó la noche del miércoles la ampliación del estado de excepción por 45 días más, abarcando las elecciones primarias del 9 de marzo en Honduras.

Con la medida, vigente hasta el 5 de abril, "la Secretaría de Seguridad garantiza un proceso electoral seguro y accesible para todos los hondureños", según una publicación en la cuenta de redes de la Policía Nacional.

La ampliación, formalizada mediante el decreto PCM 10-2025 y publicada en el diario oficial La Gaceta, estará vigente desde las 6:00 p. m. del miércoles 19 de febrero hasta las 6:00 p. m. del sábado 5 de abril, y abarca a 226 de los 298 municipios del país.

"El estado de excepción no restringe el derecho de libre circulación a nadie, al contrario garantiza seguridad para todos permitiendo a nuestra institución reforzar los operativos para proteger a los votantes y resguardar del orden público", dice también el mensaje de las autoridades de Seguridad.

Según esa secretaría, se implementarán "dispositivos de vigilancia y patrullajes estratégicos" en las cercanías de los centros de votación para garantizar un "ambiente seguro" y propicio para la participación ciudadana.

Además, aseguró que las elecciones primarias del 9 de marzo se desarrollarán en un entorno de tranquilidad, respeto y libre ejercicio del sufragio.

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El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) lamentó la decisión "de extender nuevamente el estado de excepción en el país en el contexto de las elecciones internas".

En un mensaje en redes sociales, publicó que "Seguimos sosteniendo que el estado de excepción restringe derechos fundamentales y atenta contra el proceso democrático del país y deja al ciudadano en una clara situación de vulnerabilidad, incluido el ejercicio periodístico tanto nacional como internacional".

¿Estado de excepción es inconstitucional?

El estado de excepción ha sido fuertemente criticado por varios sectores que no creen en la aplicación de esta medida en el país.

El pasado 5 de febrero de este año, un equipo legal de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que declara el estado de excepción vigente en Honduras.

Según la ASJ, las prórrogas de esta medida no se ajustan a la ley y vulneran derechos fundamentales de la población.

Al mismo tiempo, la ASJ indicó en un informe publicado el 4 de febrero de este años, que entre 2022 y el cierre de 2024, 304,388 hogares hondureños fueron víctimas directas de extorsión, lo que pone en evidencia que el estado de excepción, destinado a erradicar este delito, no solo es ilegal, sino que tampoco ha tenido éxito.

La última ampliación se hizo el 8 de enero, sin la ratificación del Congreso Nacional.

Cuándo se inició el estado de excepción en Honduras

El estado de excepción fue aplicado el 6 de diciembre de 2022 mediante el decreto ejecutivo PCM-01-2023, como una estrategia del gobierno de Xiomara Castro para combatir el crimen organizado.

Esta medida, restringe derechos como la libertad personal, de asociación, de reunión y de circulación, así como la inviolabilidad del domicilio. Autoridades de Seguridad afirman que el estado de excepción ha servido para frenar delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro.