Síguenos en Google NewsEl Congreso Nacional discutirá el próximo lunes, en tercer y último debate, reformas que endurecen las penas por extorsión y permitirían declarar terroristas a maras y estructuras criminales en Honduras.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad y respaldada con observaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contempla penas más severas, nuevas figuras delictivas y mayores facultades de investigación para las autoridades.
"El lunes van las reformas al Código Penal en forma de extorsión, estos grupos criminales van a ser declarados como grupos terroristas", anunció el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Alcances de reformas penales para combatir la extorsión
El diputado Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, confirmó en Noticieros Hoy Mismo de TSi que el proyecto ya superó el primer y segundo debate y espera ser aprobado este lunes en sesión pública.
Entre los principales cambios figura la ampliación del delito de extorsión para perseguir no solo a quienes realizan amenazas o cobros, sino también a recolectores, financistas, operadores tecnológicos y personas que faciliten cuentas bancarias o transacciones electrónicas para mover dinero ilícito.
Además, las reformas establecen agravantes cuando se utilicen menores de edad, armas o uniformes policiales y militares falsificados, así como en casos donde las amenazas provoquen el cierre de negocios o empresas.
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Paz advirtió que las personas que presten cuentas bancarias para recibir dinero proveniente de extorsiones podrían enfrentar "problemas muy serios", ya que pasarían a ser consideradas parte de la estructura criminal.
Otras reformas penales
El paquete también incorpora la figura del "colaborador eficaz", permitiendo reducciones de pena de hasta dos tercios a miembros de organizaciones criminales que colaboren para desarticular las redes, dijo el legislador.
Otra de las reformas más polémicas es la modificación del artículo 587 del Código Penal, que ampliaría el concepto de asociación terrorista para incluir a maras, pandillas y redes criminales vinculadas al narcotráfico.
La propuesta también obliga a empresas telefónicas, de internet y servicios de datos a mantener registros detallados y verificables de sus clientes. En caso de investigaciones judiciales, deberán entregar información en un plazo máximo de 24 horas o enfrentar fuertes sanciones económicas.
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Asimismo, las reformas plantean medidas especiales de investigación, allanamientos urgentes y mayores mecanismos de protección para testigos vulnerables.
Recomendaciones de la Corte
Sin embargo, la CSJ advirtió que algunas disposiciones podrían poner en riesgo derechos constitucionales relacionados con la libertad de asociación, protesta y movilización ciudadana.
Por ello, recomendó revisar varios artículos para evitar interpretaciones que puedan criminalizar manifestaciones sociales o acciones legítimas de la población.
El debate del lunes se perfila como una de las discusiones legislativas más sensibles y polémicas de los últimos años en materia de seguridad en Honduras.
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