La extradición de Fernando Suárez Ramírez, según Ana María Calderón Boy, exvocera de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), evidencia una vez más la necesidad urgente de promulgar la Ley de Colaboración Eficaz en Honduras.
Calderón Boy explica que "Suárez no solo aceptó haber cometido diversos delitos, sino que también proporcionó mucha información y ayudó a develar uno de los mayores saqueos de dinero del Estado y a pesar de eso no pudo ser protegido por el Estado".
Suárez regresará a Honduras desde El Salvador, y aunque su vida aún corre peligro por haber ayudado a la justicia a descubrir el desvío de fondos para financiar campañas políticas de tres grandes partidos hondureños, no hay garantías de su seguridad.
Fernando Suárez y su colaboración
Fernando Suárez Ramírez es un nombre que evoca uno de los casos más significativos judicializados por el binomio de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Ufecic) y la MACCIH: el caso Pandora, como se conoce al desvío de más de 282 millones de lempiras de las arcas públicas.
Suárez se entregó voluntariamente en 2018, admitiendo su participación en el saqueo de fondos públicos destinados a financiar campañas políticas y el beneficio personal de los 38 procesados, la mayoría diputados del Congreso Nacional.
Como representante legal de la Fundación Todos Somos Honduras, Suárez realizó numerosas operaciones para desviar millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Finanzas (Sefin).
"En noviembre de 2018, lo incorporaron en el Programa de Protección de Testigos del Ministerio Público debido al peligro que corría su vida por la información crucial que proporcionó", refiere Calderón.
No se cumplió el acuerdo
Sin embargo, Honduras carece de una Ley de Colaboración Eficaz, y el Ministerio Público no tiene la capacidad para proteger adecuadamente a los procesados que colaboran.
Fernando Suárez, tras tres años en el Programa de Protección de Testigos, renunció en noviembre de 2021 al no cumplirse los acuerdos por su colaboración y salió del país, solicitando una visa humanitaria a España, donde su familia ya había encontrado refugio en 2018 para protegerse ante la colaboración de Suárez con la justicia.
La extradición
La extradición de Suárez, solicitada por Unidad Fiscal Especial contra las Redes de Corrupción (Uferco) en 2022, busca continuar el proceso penal en su contra, no para reabrir casos archivados por el Poder Judicial, dice la exfuncionaria de la MACCIH.
A pesar de su colaboración significativa y la información valiosa proporcionada, Suárez no recibió la protección estatal adecuada y ahora enfrenta peligros al regresar a Honduras.
Calderón Boy concluye que la situación de Suárez y su extradición muestran la urgencia de promulgar esta ley que permanece engavetada en el Congreso Nacional desde diciembre de 2022.
Sin garantías de seguridad para quienes colaboran con la justicia, el Estado hondureño falla en proteger a aquellos que ayudan a descubrir y combatir la corrupción, dejando a personas como Suárez vulnerables y expuestas a graves riesgos.
