Las solicitudes de extradición de hondureños supuestamente implicados en el narcotráfico forman parte de la agenda del Departamento de Justicia de Estados Unidos, según analistas hondureños.

Es por esa razón que la peticiones de ciudadanos continuarán independientemente de si se concreta o no la denuncia del Tratado de Extradición y de quién asuma el poder, ya sea la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump, según el experto en gobernabilidad democrática y transparencia, Omar Andrés García Calderón.

"No será fácil la situación. Harris o Trump permitirán que la agenda del Departamento de Justicia continúe porque Honduras es un tema de su interés", declaró el analista a tunota.com.

García señaló que ambos candidatos, quienes se enfrentan en las elecciones del 5 de noviembre, son conscientes de que no deben tocar la agenda de la agencia encargada de la administración de justicia en Estados Unidos. "Esa agenda consiste en localizar y perseguir a todo latinoamericano que esté enviando droga", subrayó.

Ya sea a través de la vía legal formal o "a la brava", las autoridades buscarán llevarse a hondureños de interés para enjuiciarlos y sentenciarlos. Además, buscarán que estos informen sobre redes más amplias que "generalmente en narcotráfico (Estados Unidos) ya tiene identificado que están relacionadas con partidos o gobiernos en el poder".

Denuncia del convenio

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció en agosto pasado el Tratado de Extradición con Estados Unidos, argumentando supuestas injerencias de ese país en asuntos de su gobierno.

La denuncia fue presentada por el canciller Eduardo Enrique Reina ante la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Sin embargo, según Omar García, esta acción debe formalizarse en Washington a través de un intercambio de notificaciones entre ambas naciones. Sin esta formalidad, el Tratado de Extradición seguirá vigente.

En caso de que se formalice, García insistió en que Estados Unidos encontrará formas de solicitar a Honduras la extradición de ciudadanos involucrados en el tráfico de drogas, ya que eso les afecta en temas de salud pública y economía, y advierte consecuencias en caso de que las autoridades del país nieguen sus peticiones.

Los funcionarios que nieguen una solicitud de extradición de ciudadanos de interés pueden ser sancionados con la inclusión en la Lista Engel, en la Ley Magnitsky, o incluso pedidos de extradición.

"Con o sin tratado de extradición, Estados Unidos pedirá siempre a hondureños. Aquí en Honduras dirán que no, y los que digan que no, serán enjuiciados después", agregó.

Además, García asegura que esto forma parte de las mejoras de la Lista Engel.

"Todo funcionario en Latinoamérica que, por razones legales o decisiones, permita que haya actividad libre de personas que dañan a Estados Unidos de forma económica o sanitaria será sancionado o solicitado en extradición. No sé cómo se los llevarán, pero no sería raro ver a jueces y fiscales perdiendo su visa, y si se descuidan, siendo detenidos en aeropuertos internacionales", agregó.

Honduras sin condiciones para enjuiciar narcos

A pesar de que a Omar García no le agrada el Tratado de Extradición porque "no se debe descansar en un sistema de justicia extranjero", reconoce que en Honduras no hay condiciones para enjuiciar y sentenciar a narcotraficantes. No obstante, sostiene que esto no significa que el país no pueda construir un sistema confiable.

"En Honduras, si no tuviésemos altos niveles de corrupción, no se necesitaría el Tratado de Extradición. Aquí arrestaríamos, enjuiciaríamos y mandaríamos a la cárcel como corresponde. Ese es el lado oscuro del Tratado: en una forma cómoda, todos aceptan que se envíen y enjuicien en Estados Unidos", expresó.

Mantener Tratado de Extradición

Tunota.com también consultó al experto en derecho internacional Graco Pérez sobre la denuncia del Tratado de Extradición.

El analista plantea tres posibilidades en este tema. Primero, considera que Honduras todavía puede retirar la denuncia al Tratado de Extradición que hizo el gobierno a través de la Cancillería. Segundo, sería negociar un nuevo convenio, lo cual sería complicado porque necesitaría la aprobación del Congreso de Estados Unidos y de Honduras. Tercero, sugiere que el acuerdo definitivamente podría llegar a su fin.

Si ya no hay más extradiciones de hondureños, Graco Pérez advierte que "la justicia hondureña no está preparada para enjuiciar, condenar y mantener en prisión a narcotraficantes", lo cual "está demostrado", ya que la mayoría de las personas extraditadas a Estados Unidos no tenían ninguna acusación ni investigación en curso en Honduras.

"Decir que Honduras resolverá esto sin un tratado de extradición no es cierto; eso tendrá muchas implicaciones para el país en temas de corrupción, violencia, comercio y cooperación", agregó.

El país centroamericano deberá demostrar que tiene voluntad para luchar contra la corrupción y el narcotráfico, temas determinantes para la seguridad nacional de Estados Unidos, indicó el analista.

Parte de esa voluntad implica contar con un Tratado de Extradición. De lo contrario, el nuevo gobierno estadounidense, sea con Harris o Trump, "encontrará que Honduras no está luchando contra estos flagelos y, por lo tanto, no será sujeto de ayudas y será visto como un país de alto riesgo, lo que afectará a los migrantes", indicó Pérez.

Para el analista, lo ideal es que Honduras mantenga el convenio de extradición con Estados Unidos, y si no se actúa para detener la denuncia, el país enfrentará consecuencias: más corrupción, más narcotráfico y más inseguridad.

El Tratado de Extradición

El Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos se firmó el 15 de enero de 1909 y fue publicado el 13 de septiembre de 1912, aunque no se aplicó durante décadas.

Fue en enero de 2012 cuando el Congreso Nacional aprobó la reforma por adición del artículo 102 de la Constitución de la República, lo que permitió la extradición de hondureños por delitos relacionados con el tráfico de drogas y la criminalidad organizada.

Sin embargo, fue hasta 2014 que Honduras comenzó a entregar ciudadanos requeridos, en su mayoría por tráfico de drogas, a las autoridades estadounidenses, a través de un Auto Acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Desde entonces, más de 50 hondureños han sido extraditados a Estados Unidos, incluyendo figuras importantes como el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos "El Tigre" Bonilla, quien recibió una condena de 19 años de cárcel por la misma corte.