La ausencia de un mecanismo anticorrupción y la cancelación del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos fortalecerán la impunidad, la corrupción y el crimen organizado en el país, según el analista Omar García, quien afirma que el país "no está listo" para enfrentar estos desafíos por sí solo.

Según el experto en gobernabilidad democrática y transparencia, en una entrevista con tunota.com, "la falta de aplicación de estos instrumentos va a poner en riesgo la gobernabilidad y la administración del Estado de Honduras".

El gobierno de Honduras, liderado por la presidenta Xiomara Castro, decidió el miércoles 28 de agosto cancelar el Tratado de Extradición con Estados Unidos, después de que la embajadora estadounidense, Laura Dogu, expresara su preocupación por la reunión de funcionarios castrenses con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, a mediados de agosto.

Omar García opina que la decisión de cancelar el tratado fue precipitada, aqunque considera que las declaraciones de Dogu fueron injerencistas. Según él, la respuesta apropiada habría sido declararla persona non grata y expulsarla del país.

"Dogu prácticamente afirmó que Honduras es un narcoestado y se llevó de encuentro a todo el país. Hay asuntos diplomáticos que deberían abordarse en privado, no en público", consideró García.

Fortalecer sistema de justicia

Diversos sectores políticos, económicos y expertos internacionales indican que la eliminación de las extradiciones hará imposible la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), respaldada por la ONU.

"Desafortunadamente, el mensaje que se está enviando es que no hay intención de cooperar con otros países en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción", comentó Ana María Calderón, exvocera de la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).

Por lo tanto, sin la CICIH y sin extradición, será responsabilidad de las autoridades hondureñas fortalecer su sistema judicial y perseguir eficazmente a quienes sean acusados de corrupción, crimen organizado y narcotráfico, ya sea dentro o fuera del gobierno, sugirió García.

"Entre más se persiga la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y las asociaciones ilícitas, menos dependeremos de estas figuras", afirmó García.

Actualmente la extradición y un mecanismo anticorrupción parecen necesarias, pero también "revelan la debilidad del marco jurídico y la falta de confianza del pueblo en instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Policía Nacional", sostuvo el analista.

Según García, Honduras no ha logrado avanzar de manera independiente debido a la alta percepción de corrupción en las instituciones de justicia.

"El gobierno deberá demostrar si la decisión de no extraditar más hondureños a Estados Unidos, acusados de narcotráfico, y en su lugar enjuiciarlos en el país, será viable", concluyó el analista.

Según cifras oficiales, desde 2014 hasta 2024, cerca de 50 hondureños, principalmente solicitados por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, han sido extraditados.

Entre los solicitados en extradición se encuentra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien fue condenado en junio pasado a 45 años de prisión y cinco más de libertad condicional por un tribunal de Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas.