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La abogada constitucionalista Ana Pineda sostiene que la nota verbal enviada por la Cancillería a la embajada de Estados Unidos el 28 de agosto de 2024 para dar por terminado el Tratado de Extradición solo hace referencia al convenio que entró en vigor en 1912, el cual no contempla el narcotráfico como delito extraditable.
"El tratado que sí regula la extradición por el tráfico de narcóticos es el Tratado de 1927", dijo Pineda en entrevista con tunota.com, refiriéndose a la Convención Adicional de Extradición y que está vigente desde el 5 de junio de 1928.
En ese sentido, la abogada señaló que si Estados Unidos quisiera, perfectamente puede invocar este Tratado para solicitar extradiciones de hondureños que pudiesen haber cometido delitos en el país norteamericano, a pesar de la terminación del acuerdo de 1912.
Además, Ana Pineda afirmó que Honduras es parte de otros tratados internacionales que permiten la extradición y que podrían ser utilizados por Estados Unidos para seguir solicitando la entrega de personas acusadas de delitos graves.
Entre estos tratados se encuentran la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Estos acuerdos incluyen cláusulas de extradición que podrían servir de base jurídica para que Estados Unidos continúe solicitando extradiciones a Honduras.
También existen otros acuerdos que incluyen cláusulas de extradición que podrían servir de base jurídica para que Estados Unidos continúe pidiendo extradiciones a Honduras, dijo Pineda.
Denunciar el Tratado de Extradición: "un error"
La abogada constitucionalista calificó como un "grave error" la decisión del Gobierno de Honduras de dar por terminado el Tratado de Extradición con Estados Unidos.
Según Pineda, esta decisión envía un mensaje de falta de voluntad para combatir el narcotráfico y otras formas de criminalidad conexa, debilitando la lucha contra el crimen organizado en el país.
"La extradición es una herramienta necesaria en la lucha contra el narcotráfico. En derecho internacional es un mecanismo que ha demostrado ser eficaz", expresó Pineda, quien destacó la importancia de mantener este tipo de acuerdos para fortalecer el combate al crimen transnacional.
La experta en derecho constitucional instó a las autoridades del país a reconsiderar la decisión y abrir un canal de diálogo con Estados Unidos, aunque reconoce que no se observa una voluntad política clara para hacerlo.
¿Es necesaria una Ley de Extradición?
La abogada enfatizó que, si Honduras aprueba una Ley de Extradición, esta solo vendría a regular el proceso que ya existe, pues actualmente el procedimiento está normado por un Auto Acordado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El procedimiento también desarrolla los derechos de las personas pedidas en extradición y de las partes intervinientes a interponer los recursos que les asistan, refirió.
"Siempre se ha dicho que a pesar de que existe el Auto Acordado, pudiera crearse una Ley para la Extradición, pero eso solo vendría a ser una norma de carácter procesal", puntualizó la experta.
TAMBIÉN: Los momentos clave del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos
Ana Pineda es abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con un postgrado en Derecho Penal y Procesal Penal. A lo largo de su destacada carrera profesional, ha ocupado importantes cargos como secretaria de Justicia y Derechos Humanos, además de haber sido jueza y titular del Juzgado de Letras Primero de lo Criminal.
Pineda obtuvo la mejor evaluación en su postulación entre 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2024-2029, con una calificación de 93.22%. No obstante, a pesar de su destacada calificación, no fue incluida en la lista final de 15 magistrados aprobada por el Congreso Nacional.
Fin al acuerdo de cooperación
Con la decisión del gobierno hondureño de denunciar el Tratado de Extradición, persiste la incertidumbre sobre el futuro de la cooperación judicial con Estados Unidos.
El artículo 14 del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos establece que cualquiera de las partes puede notificar con seis meses de anticipación su decisión de cancelarlo.
En este caso, Honduras notificó su decisión el 28 de agosto de 2024, alegando "injerencias" de Estados Unidos en los asuntos internos del país, por lo que el acuerdo finalizará el próximo 28 de febrero.
El anuncio se produjo días después de que la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, criticara una reunión de funcionarios hondureños con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien está sancionado por narcotráfico.
En la reunión, celebrada a mediados de agosto, participaron el entonces secretario de Defensa, José Manuel Zelaya (sobrino de la presidenta Castro), y el actual jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelth Hernández. Según explicaron, su visita a Venezuela fue por invitación para asistir a un evento de cadetes.
Denuncia al Tratado para "proteger a familiares"
Sin embargo, analistas y políticos en el país creen que Castro puso fin al acuerdo de extradición con Estados Unidos para proteger a familiares o altos funcionarios, ya que tres días después de la decisión, su cuñado, el exdiputado del Congreso Nacional Carlos Zelaya, admitió haberse reunido con narcotraficantes en 2013.
Según Zelaya, los traficantes le ofrecieron aportes financieros para la campaña política del partido Libertad y Refundación (Libre), aunque negó haber recibido los fondos.
Zelaya renunció a su puesto como diputado y secretario del Congreso Nacional para "permitir" una investigación.
Coincidentemente, el sitio de investigación Insight Crime publicó un video en el que se observa al exlegislador en la reunión con narcotraficantes, lo que generó una ola de críticas no solo hacia él, sino también hacia el gobierno de Castro.