El tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos ha sido una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Su historia, marcada por reformas, capturas y extradiciones de hondureños —incluidas figuras de alto perfil—, así como por su reciente solicitud de cancelación, ha generado incertidumbre sobre el futuro de la cooperación judicial entre ambos países.

A medida que se acerca la fecha de vencimiento del tratado, queda por verse si el gobierno hondureño reconsiderará su postura o si buscará un nuevo acuerdo con Estados Unidos.

Tunota.com le da a conocer los momentos clave de este convenio:

Un acuerdo centenario

La firma del tratado de extradición se remonta al 15 de enero de 1909, bajo las administraciones de Theodore Roosevelt en Estados Unidos y Miguel R. Dávila en Honduras. Su entrada en vigencia ocurrió el 10 de julio de 1912, tras ser publicado en el diario oficial La Gaceta.

En 1927 se realizó una convención adicional, que entró en vigor el 5 de junio de 1928. Sin embargo, a pesar del tratado, no se realizaron entregas de hondureños a Estados Unidos.

El cambio en la Constitución y la "luz verde" a las extradiciones

El verdadero impacto del tratado se dio en enero de 2012, cuando el Congreso Nacional aprobó una reforma al artículo 102 de la Constitución de la República.

Esta reforma permitió la extradición de hondureños vinculados al narcotráfico, crimen organizado y terrorismo, excepción a la norma que impedía la entrega de nacionales a otro país.

La aprobación de esta reforma se produjo un día después de que el entonces presidente Porfirio Lobo Sosa y el titular del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, se reunieran en Estados Unidos con funcionarios de seguridad.

En el mismo mes, el decreto 02-2012 ratificó la modificación, en el marco de la instalación de la tercera legislatura del periodo 2012-2014.

El procedimiento de extradición en Honduras

A falta de una Ley de Extradición, el procedimiento se rige por un Auto Acordado aprobado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 8 de mayo de 2013 y publicado en La Gaceta el 11 de junio de 2013.

La solicitud se recibe a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y es remitida a la CSJ, que designa a un juez de primera instancia.

El juez evalúa la petición y, si procede, ordena la captura del solicitado. Una vez detenido, se le garantizan sus derechos fundamentales y el debido proceso antes de determinar su extradición.

Las primeras extradiciones y los casos de mayor impacto

La primera extradición de un hondureño a Estados Unidos se concretó en 2014, con la entrega de Carlos Arnaldo "El Negro" Lobo, acusado de narcotráfico y solicitado por una corte de Florida.

Lobo se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión, aunque su condena fue reducida a 10 años y medio tras acuerdos con la fiscalía estadounidense. Lobo fue liberado en agosto de 2024 bajo libertad condicional.

Desde entonces, Honduras ha extraditado a unos 60 ciudadanos, en su mayoría por narcotráfico.

Entre los casos más resonantes está el del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), entregado en abril de 2022 y condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico.

Asimismo, el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, fue extraditado y sentenciado a 19 años de cárcel en agosto de 2024.

La cancelación del tratado de extradición

En un giro inesperado, la presidenta Xiomara Castro anunció el 28 de agosto de 2024 la cancelación del Tratado de Extradición con Estados Unidos.

Su decisión se basó en lo que consideró "injerencia" e "intervencionismo" por parte de la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu.

La controversia surgió tras las críticas de Dogu a una visita de altos funcionarios hondureños a Venezuela: el exministro de Defensa José Manuel Zelaya y el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, donde se reunieron con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, acusado de narcotráfico en Estados Unidos desde 2019.

Vencimiento del tratado

Según los mecanismos del tratado, cualquier Estado firmante puede denunciarlo con seis meses de anticipación. En el caso de Honduras, la denuncia presentada hará que su cancelación sea efectiva el 28 de febrero de 2025.

Sectores de la sociedad civil y políticos han instado a la presidenta Castro a reconsiderar su decisión y buscar un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

El canciller Eduardo Enrique Reina dijo recientemente que, si Estados Unidos envía una propuesta al gobierno hondureño sobre este tema, están listos para estudiarla.