Dos mujeres, identificadas como Silvia Reyes, de aproximadamente 50 años y Laura Aguilar, fueron asesinadas a tiros este sábado, dentro de una cantina en el barrio Ojo de Agua, en Catacamas, en el departamento de Olancho.
Según testigos, las mujeres habían participado en actividades de la feria patronal y, tras finalizar, ingresaron al establecimiento para compartir unos momentos de diversión.
Sin embargo, el ambiente festivo se transformó en tragedia cuando hombres armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego sin mediar palabra, dejando a Silvia y Bessi tendidas en el suelo. Los atacantes huyeron rápidamente, sin que nadie lograra detenerlos.
De igual forma, esta mañana de domingo se confirmó que una tercer mujer se salvó de fallecer en el lugar.
La Policía Nacional señaló que el motivo del doble crimen aún no ha sido esclarecido, aunque los equipos de investigación ya trabajan en la identificación de los responsables.
Segundo ataque en cantinas de Olancho
Este hecho ocurre días después de la muerte violenta de Anny Michell Varela, joven activista del Partido Nacional, quien también perdió la vida dentro de una cantina en Palestina, Patuca, la madrugada del viernes 3 de octubre.
Además, se registró el ataque contra Mercedes Banegas, de 80 años, quien murió el 30 de septiembre mientras descansaba en su vivienda en la comunidad de Sosa, Catacamas. En ese hecho, perpetrado por desconocidos armados, su esposo también resultó herido.
Un patrón alarmante de violencia
Los tres ataques violentos, ocurridos en menos de una semana, evidencian una preocupante escalada de agresiones contra las mujeres en Olancho, un departamento históricamente marcado por la impunidad, habitual uso de armas de fuego y los ajustes de cuentas.
Las cifras de violencia en Honduras siguen siendo alarmantes. Según el Observatorio de la Violencia (ONV-IUDPAS) de la UNAH, hasta 2024 se habían registrado más de 7,700 muertes violentas de mujeres desde 2005, mientras que en 2025 ya se reportan más de 182 casos en lo que va del año, reflejando la urgencia de medidas efectivas de protección y justicia.
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