El jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), general Roosevelt Hernández manifestó este jueves que, pese al fracaso por falta de garantías, continúa el proceso de licitación para la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne, a 250 kilómetros de Islas de la Bahía, zona insular de Honduras.

En declaraciones a periodistas, el jerarca de la institución castrense indicó que "existen algunos procesos de licitación y no se ha logrado, pero se continúa, tengo entendido que el INP (Instituto Nacional Penitenciario) continúa con ese proceso porque todavía no le han dado otra contraorden".

El concurso de licitación pública internacional para la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne, suma tres fracasos, por lo que las autoridades lanzarán la cuarta convocatoria en una fecha aún no detallada.

Los tres intentos para encontrar a la empresa encargada de la obra, estimada en unos 2,000 millones de lempiras, confluyen que la garantía bancaria sigue siendo el principal obstáculo para adjudicar el proyecto rechazado por organizaciones de sociedad civil, la academia, empresa privada y la población en general.

Sin embargo, el gobierno recientemente anunció que el recinto carcelario en Islas del Cisne estaría finalizado en diciembre de 2024, pero al décimo mes del año ni siquiera se ha podido adjudicar el proyecto por la falta de garantías para llevar a cabo la cuestionada edificación.

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Anuncio de la construcción de la cárcel en Islas del Cisne

El anuncio de la construcción de una cárcel para 2.000 privados de libertad de "alta peligrosidad" en las Islas del Cisne, un parque nacional marino situado a 250 kilómetros de tierra firme, lo hizo a finales de 2023 la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

También anunció otra cárcel, para 20,000 personas, entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, el segundo al este, en el Caribe, limítrofes con Nicaragua, como parte de un plan para reducir la violencia y el crimen organizado en el país centroamericano.

La prisión en las Islas del Cisne tendrá un costo de 2,000 millones de lempiras (unos 80 millones de dólares) y debería estar terminada en un año, según las proyecciones oficiales.

Oposición

Desde que Castro anunció la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne, biólogos, ambientalistas, defensores de derechos humanos y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), entre otros sectores, se han pronunciado en contra por el «grave daño ambiental» que se le causará al parque marino.

También se ha manifestado en contra de las dos prisiones anunciadas por la mandataria hondureña, la representante de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), Isabel Albaladejo, quien a inicios de julio dijo que "podrían agravar los problemas de gobernabilidad y los riesgos de violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario".

Indicó además que con las dos cárceles se privaría a los reclusos de "derechos al contacto con el exterior, salud, garantías judiciales y protección de la vida e integridad personal".

La Oacnudh recordó que el sistema penitenciario nacional "ha enfrentado desde los años 90 una serie de problemas estructurales como el autogobierno, la corrupción, la ausencia de una carrera penitenciaria, el hacinamiento, la infraestructura inadecuada y la falta de acceso a servicios de salud y a la justicia por parte de las personas privadas de libertad".

Las opiniones de quienes están en contra de la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne son rechazadas por varios funcionarios del Gobierno que preside Xiomara Castro, comenzando por el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina.

Según Medina, la cárcel en Islas del Cisne es "una medida de seguridad para la población hondureña para recluir personas vinculadas al crimen organizado".